La Justicia ordenó parar la apropiación de terrenos en el Parque Miguel Lillo

Se conoció esta mañana la noticia que el Juzgado Correccional Nº 1 ordenó la suspensión de la instalación de canchas de tenis en terrenos del Vivero Municipal en el Parque Miguel Lillo en virtud de la solicitud de amparo tramitada por una ONG conservacionista y una vecina particular que denunciaron que se estaba produciendo una apropiación ilegal facilitada por la Municipalidad en favor del club Villa Díaz Vélez.

La Asociación para la Conservación del Parque Miguel Lillo y una vecina particular presentaron una solicitud de amparo para que se detengan las obras por las numerosas irregularidades que se detectaron en los procedimientos y la cantidad de leyes que la Municipalidad y el club violaron en su intento.

Luego de forzar la aprobación de una ordenanza que literalemente inventó una figura jurídica para establecer una suerte de "trueque" de tierras entre el club y la Muni, los trabajos comenzaron arrasando con el lugar sin mayores miramientos, por lo que las ONG decidieron apelar a la Justicia.

El juzgado ordenó "la suspensión inmediata de la actividad y/o ejecución de la obra por parte de la Escuela de Deportes Villa Diaz Velez y/o quién esté a cargo de la ejecución de las construcciones en el predio del parque Miguel Lillo cuya concesión de uso se les cediera en virtud de la ordenanza 10556/2021 del Concejo Deliberante Municipal, promulgada por el Decreto 2589/2021 del Ejecutivo Municipal (leyes 25.675 ; 11.723; 13127, arts. 41 de la Constitución Nacional y 28 de su homónima provincial, arts.10 de la ley 13.928,195 ss. y ctes. del C.P.C.C.).-"

Los ambientalistas habían denunciado que la maniobra se trataba virtualmente de un "robo" en el que el concejal Guillermo Sánchez (Nueva Necochea), quien hoy preside el HCD de Necochea, había facilitado la entrega de los terrenos a un club del que fue parte de la comisión directiva. Sumándose a ello, el concejal es tenista y la gestión de Nueva Necochea ha mantenido una constante relación con el contratista que realizó las primeras tareas, que es parte del club y fue beneficiario de obras públicas cuando Arturo Rojas era presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén.

Fue el propio Sánchez quien impulsó el proyecto y forzó el pasado 6 de septiembre la aprobación por mayoría del "trueque", incluso pasando por alto la Ley Orgánica de las Municipalidades que establece que para la sesión gratuita de tierras se debe contar con 2/3 de los votos del Concejo, algo que el concejal tampoco acreditó.

¿Mentirosos?

A través de los medios oficialistas y el resto del aparato de prensa municipal el concejal salió la semana pasada en una ronda de declaraciones mediáticas para enfrentar las acusaciones. En sus declaraciones, Sánchez tildó de "mentirosos" y "pseudoambientalistas" a las organizaciones que llevan varias décadas de trabajo dedicado de manera desinteresada a proteger el dominio público y el entorno natural del parque.

"La verdad que los mentirosos y los que dicen ser ambientalistas no van a detener el progreso, ni del Club Villa Díaz Vélez ni de la ciudad, no representan en nadie, lo único que les interesa es que Necochea no crezca, que los chicos no tengan club y no puedan realizar deportes. Prefiero que se la agarren conmigo, no tengo ningún problema pero que las obras no se detengan", dijo el concejal la semana pasada en declaraciones mediáticas.

Sánchez es reconocido por un constante patoterismo que incluso llevó a espetarle en la cara a una vecina que le reclamaba por los aumentos exhorbitantes de tasas en 2020: "Me la recontra banco en cualquier lado". La nueva "toreada" del concejal tenista podría tener incluso repercusiones sobre su propia persona, dado que el ataque abierto contra las organizaciones ambientalistas representa otra violación de la ley.

Sucede que con esas declaraciones el concejal violaron abiertamente la ley 27.566, surgida en el marco del acuerdo Escazu, que preve la defensa de los derechos de quienes estén abocados a la protección del medio ambiente. Según el artículo 9 de la ley, el concejal, como parte de las autoridades municipales, debería garantizar "un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad".

Además, la ley establece que es obligación del concejal tomar las "medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo".

Desafortunadamente el concejal tenista podría enfrentar procesos legales no sólo por la iniciativa impuesta en el concejo completamente fuera de norma y provocando un daño al patrimonio público, sino también por los agravios que lanzó contra los ambientalistas, que este fin de semana recogieron multitud de adhesiones en jornadas de concientización y junta de firmas que expresaría abiertamente que la población de Necochea está en contra de la apropiación de los terrenos del proyecto.