¿Cooperativas eléctricas bonaerenses en peligro?: El impacto de una polémica resolución nacional

El gobierno nacional ha encendido la alarma en la provincia de Buenos Aires con una medida que pone en jaque a las cooperativas eléctricas locales. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense ha advertido sobre los riesgos que plantea la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, publicada en septiembre en el Boletín Oficial. Esta disposición prohíbe a las distribuidoras y cooperativas eléctricas incluir tasas o conceptos ajenos al servicio en las facturas de energía eléctrica, lo que podría debilitar la operatividad de las pequeñas distribuidoras municipales.

Impacto en las pequeñas distribuidoras

Desde el Ministerio de Infraestructura provincial señalan que esta medida nacional afecta directamente a las cooperativas eléctricas de menor envergadura, las cuales desempeñan un papel social crucial en muchas localidades bonaerenses. "No solo se trata de una intromisión en competencias provinciales, sino que también amenaza la sostenibilidad de las pequeñas distribuidoras municipales, esenciales para garantizar el acceso equitativo a la electricidad", expresaron en un comunicado.

El marco regulatorio bonaerense permite la incorporación de conceptos ajenos en la facturación eléctrica, argumentando que este mecanismo proporciona a los usuarios información clara y precisa no solo sobre su consumo, sino también sobre sus derechos y obligaciones relacionados con el servicio. Además, se subraya que la provincia ha establecido normas reglamentarias para asegurar la correcta implementación de este esquema, amparándose en el artículo 25 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Según esta legislación, las normas más favorables para el consumidor deben prevalecer en caso de duda sobre la aplicación.

La amenaza al Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias

Uno de los puntos más críticos de la resolución es la intención de eliminar conceptos inherentes a la factura eléctrica, como la contribución provincial, la contribución municipal y el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias. Este último resulta vital para el sistema eléctrico provincial, ya que busca equiparar los costos de distribución entre diferentes concesionarios, garantizando que usuarios con similares patrones de consumo paguen precios equivalentes, sin importar su ubicación geográfica.

Según el comunicado del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba), el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias es fundamental para asegurar la continuidad, calidad y equidad en la prestación del servicio eléctrico. Durante 2023, este fondo benefició a 197 de los 204 prestadores de servicios eléctricos en la provincia. Las cooperativas con menos de 5.000 usuarios, que representan más del 75% del total de prestadoras, recibieron el 77% de los aportes, destacándose el carácter redistributivo de este mecanismo.

"La desaparición de este fondo pondría en riesgo la capacidad de muchas cooperativas para mantener el servicio eléctrico en diversas áreas de la provincia", advirtieron desde Infraestructura. Además, recalcaron que este mecanismo contribuye a unificar el sistema tarifario y asegurar la igualdad de condiciones entre los diferentes prestadores.

La tasa por alumbrado público y los conceptos ajenos

Otra de las controversias generadas por la resolución nacional es la exclusión de la tasa por alumbrado público de las facturas de energía eléctrica. En la provincia de Buenos Aires, esta tasa está contemplada en la Ley 10.740 como un concepto inherente al servicio eléctrico. Por lo tanto, su inclusión en la facturación se considera legal y necesaria para garantizar el alumbrado en las localidades bonaerenses.

En cuanto a los conceptos ajenos, el Oceba establece procedimientos específicos para su autorización e incorporación en las facturas. De esta manera, se asegura que estos conceptos cumplan con criterios de transparencia y pertinencia, evitando perjuicios para los usuarios.

Un golpe a la autonomía provincial

El Ministerio de Infraestructura bonaerense calificó la medida como un "avasallamiento" al marco regulatorio provincial. Señalaron que las cooperativas eléctricas cumplen un rol esencial en comunidades que no son atendidas por grandes empresas, garantizando el acceso a la electricidad en áreas donde de otro modo no llegaría el servicio.

"La resolución nacional atenta contra el desarrollo económico y social de las localidades más vulnerables", destacaron. Además, enfatizaron que las cooperativas eléctricas no solo suministran energía, sino que también promueven la cohesión social y el desarrollo comunitario.

Una polémica con implicancias nacionales

Este conflicto entre el gobierno nacional y las autoridades provinciales bonaerenses pone de manifiesto una tensión más amplia sobre la autonomía de las provincias en la regulación de los servicios públicos. Mientras la Nación busca uniformar criterios a nivel federal, las provincias defienden su derecho a legislar según sus propias necesidades y particularidades.

Por ahora, las cooperativas eléctricas se encuentran en una situación de incertidumbre, enfrentando un escenario donde podrían perder recursos clave para su operatividad. En tanto, los usuarios también podrían verse afectados, ya que una posible crisis en estas entidades podría traducirse en interrupciones del servicio o aumentos de tarifas.