Mar del Plata: Condenaron a 11 años de prisión a un enfermero por abuso sexual de una paciente en el Inareps

Condena firme y escandalosa en el ámbito de la salud pública en Mar del Plata: Rubén Omar Rivas, un enfermero de 54 años, fue condenado a 11 años de prisión efectiva y inhabilitado de forma perpetua para ejercer su profesión tras ser declarado culpable de abuso sexual contra una paciente internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps). La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, en un caso que ha generado conmoción tanto en la ciudad como en el sistema de salud nacional.

Abuso sexual en contexto de vulnerabilidad

El hecho por el cual Rivas fue condenado ocurrió en agosto de 2021, mientras la víctima –una mujer que se recuperaba de un ACV (accidente cerebrovascular)– se encontraba internada en el mencionado centro de salud. La denuncia señala que el ataque se produjo durante un procedimiento de higienización e hisopado, cuando la paciente estaba en una condición física que le impedía defenderse.

Durante su testimonio, la víctima relató que también sufrió tocamientos indebidos cuando el enfermero le colocaba electrodos para un electrocardiograma. Por su estado de salud, aseguró que no tenía posibilidad de resistencia, lo que agrava aún más la situación.

El tribunal, compuesto por los jueces Fernando Minguillón, Roberto Falcone y Martín Poderti, ordenó además la inhabilitación perpetua de Rivas para ejercer cualquier función pública, una medida que había sido solicitada por el fiscal federal Carlos Fioriti en su alegato final.

Testimonio con resguardo judicial

En el inicio del juicio, la víctima solicitó declarar sin la presencia, ni siquiera virtual, del imputado. Ante ese pedido, Rivas, que seguía la audiencia por videollamada desde el penal de Marcos Paz, fue apartado de la cámara mientras la mujer brindaba su testimonio.

A pesar de que el juicio se desarrolló mayormente con participación remota, el enfermero fue trasladado a Mar del Plata para presenciar personalmente la lectura del veredicto, según informó el diario La Capital.

Otros hechos violentos y vejaciones en Inareps

La condena a Rubén Rivas no se limitó al abuso sexual contra la mujer internada en 2021. El tribunal también lo encontró responsable de vejaciones y malos tratos hacia otros dos pacientes varones durante los años 2017 y 2018. Ambos se encontraban en un estado de afasia, lo que les impedía comunicarse o defenderse ante los abusos.

La investigación determinó que los malos tratos incluían prácticas violentas como bañarlos con agua fría, insultarlos, arrojarles agua sobre las traqueotomías, golpearlos y arrojarlos contra las camas. Estos hechos fueron caratulados judicialmente como vejaciones agravadas, en concurso real con el delito principal de abuso sexual gravemente ultrajante.

Un fallo ejemplar en un caso de abuso institucional

El fiscal Fioriti solicitó una pena de 14 años de prisión para Rivas, basándose en la gravedad de los delitos y en su condición de funcionario encargado del cuidado de personas vulnerables. Si bien el tribunal impuso una condena algo menor, consideró todos los elementos probatorios y las condiciones particulares del caso para dictar una sentencia ejemplarizante.

Además de la pena de prisión, el fallo incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que representa una sanción clave para prevenir que el condenado vuelva a tener contacto profesional con pacientes.

Palabras clave y contexto

Este caso se enmarca dentro de una serie de hechos que visibilizan la violencia institucional en ámbitos de salud y rehabilitación, donde los pacientes se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad física y emocional. La condena a Rivas sienta un precedente importante en la justicia argentina, al reconocer el agravamiento del delito por el rol que ocupaba el imputado y el contexto en que ocurrieron los hechos.

Impacto en la comunidad médica y social

La condena ha generado fuerte repercusión tanto en Mar del Plata como en instituciones de salud del país. Organizaciones de derechos humanos y asociaciones médicas han reclamado controles más estrictos en centros de rehabilitación y han subrayado la importancia de garantizar entornos seguros para los pacientes.

La justicia, en este caso, envía un mensaje claro: los abusos de poder en contextos de salud no quedarán impunes. Y aún más, se refuerza el compromiso institucional de proteger a los sectores más vulnerables frente a cualquier forma de violencia o vejación.