El juez que prohibió difundir audios de Karina Milei tiene cinco causas por acoso sexual y laboral

Este lunes, el juez, Alejandro Patricio Maraniello, dictó prohibir la difusión de audios de Karina Milei en el marco de la causa que investiga un presunto engranaje de coimas a través de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El caso generó revuelo ya que incurriría en el delito de “censura previa”, que viola el derecho a la libertad de expresión.

Sin embargo, otro dato que generó revuelo es el prontuario que carga sobre su espalda el magistrado Maraniello, quien acumula un total de nueve denuncias, de las cuales cinco son por acoso sexual, por maltrato a empleados, malversación de fondos públicos y acoso laboral.

Esto surge de los archivos de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de investigar los delitos denunciados contra el magistrado.

Por estas acusaciones, Maraniello fue citado el pasado 19 de agosto y tiene un plazo de 20 días para presentar su defensa.

Las causas contra el juez son por abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato, manejo inadecuado de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional. Fue la propia Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN) quien lo denunció y motivó la investigación en curso.

Una de las denunciantes prestó testimonio y relató que Maraniello la presionó para aceptar una salida con él fuera del ámbito laboral, bajo amenaza de hacerle perder el trabajo. La empleada hacía tan solo una semana que había empezado sus labores.

En ese encuentro, el juez la tocó, le dio besos sin consentimiento, lo que llevó a la mujer a sentirse obligada a tener relaciones sexuales para salir de la situación y evitar represalias.

Otra de las denunciantes reveló que Maraniello le enviaba mensajes inapropiados a través de las redes sociales, con comentarios sobre su vestimenta y físico, miradas insistentes y un trato hostil cuando se negaba a tener un encuentro con él fuera del trabajo. Antes de hacer la presentación, la agente judicial confesó haber requerido medicación y experimentado pensamientos suicidas.

El caso fue derivado a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), donde la fiscal Mariana Labozzetta evaluó que los hechos podrían constituir delitos de acción pública dada la condición de funcionario judicial del acusado. Actualmente, el expediente se encuentra en trámite ante la jueza federal María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.

En la denuncia, el gremio también resaltó la vulnerabilidad de una de las afectadas, una trabajadora interina y estudiante de derecho, quien habría sido objeto de comentarios despectivos por parte del juez por ser hija de un camionero.