El Gobierno nacional oficializó este martes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025, publicado en el Boletín Oficial, que autoriza la presencia de tropas estadounidenses en territorio argentino. El operativo, denominado “Tridente”, se desarrollará entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre y tendrá como sedes principales las bases navales de Mar del Plata y Puerto Belgrano en Bahía Blanca, con un capítulo adicional en Ushuaia.
Según el DNU, se autoriza la participación de hasta 30 efectivos de Guerra Especial Naval (NSW), incluyendo a los reconocidos Navy SEALs, quienes realizarán maniobras conjuntas con las Unidades de Fuerzas Navales Especiales argentinas, como la Agrupación Comandos Anfibios y la Agrupación Buzos Tácticos. El entrenamiento contará con apoyo de patrulleros oceánicos, lanchas rápidas y un helicóptero, mientras que la dotación local superará los 150 efectivos. El costo estimado del operativo asciende a 60 millones de pesos, cubiertos por la Armada Argentina.
La medida presidencial genera polémica, ya que la Constitución Nacional establece que la autorización de tropas extranjeras requiere aprobación del Congreso (artículo 75). El Ejecutivo argumentó que la “naturaleza excepcional de la situación hace imposible seguir los trámites ordinarios” tras enviar un proyecto legislativo que no obtuvo respuesta.
Según el Gobierno y la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, el ejercicio busca intercambio de experiencias, integración de fuerzas y fortalecimiento de capacidades de las Fuerzas Navales Especiales argentinas. Las maniobras incluyen coordinación terrestre, marítima y aérea, con el objetivo de mejorar la interoperabilidad y la defensa de espacios estratégicos nacionales.
Además, el DNU contempla el envío de 27 efectivos argentinos a Chile para participar del ejercicio “Solidaridad” en Puerto Varas, del 5 al 11 de octubre, reforzando la cooperación regional.
La llegada de tropas estadounidenses se produce en un momento sensible: coincide con negociaciones de Argentina con Washington por un posible salvataje financiero, lo que suma debate político al operativo. Con el DNU ya girado a la Comisión Bicameral Permanente, el Congreso deberá definir si avaliza o no la medida presidencial.