Argentina
El Gobierno eliminó el control estatal sobre los aranceles de los colegios privados: Qué cambia desde 2026
11/11/2025 |
La Casa Rosada derogó un decreto vigente desde 1993 que regulaba la relación entre el Estado y las escuelas de gestión privada. La medida libera a los colegios de la obligación de informar o pedir autorización previa para modificar cuotas y matrículas, aunque algunas provincias —como Buenos Aires— podrían mantener sus propios controles.
El Gobierno nacional oficializó la eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles de los colegios privados mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.
La norma deroga el Decreto 2417/1993, que durante más de tres décadas había establecido pautas y límites en la relación entre el Estado y los institutos educativos de gestión privada en todo el país.
Con esta decisión, las escuelas privadas ya no estarán obligadas a informar con anticipación el valor de sus cuotas ni a solicitar autorización previa para aplicar aumentos, lo que marca un cambio profundo en la regulación del sector.
Qué implica la medida y cómo puede impactar en 2026
Desde el Ejecutivo explicaron que la norma derogada “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”.
El Gobierno argumenta que el sistema respondía a un contexto de los años 90, cuando la educación estaba bajo administración nacional, y que con el traspaso de competencias a las provincias, resulta necesario “modernizar el marco normativo” para generar “un entorno más propicio” para el funcionamiento del sector.
De acuerdo con fuentes oficiales, el objetivo es otorgar mayor libertad y flexibilidad a las instituciones privadas, permitiéndoles ajustar sus precios según sus costos reales y sin intervención estatal.
Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires —donde el control de los aranceles depende del Gobierno bonaerense— se prevé que la administración de Axel Kicillof mantenga su propio sistema de autorización de aumentos, por lo que la medida nacional podría no tener aplicación inmediata en el territorio provincial.
Libertad de precios y argumentos del Ejecutivo
El texto del decreto remarca que la intervención del Estado en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes” que impactaron en la viabilidad económica de los colegios privados.
Según el Gobierno, la obligación de informar y pedir autorización para modificar las cuotas limitaba la capacidad de adaptación de las instituciones ante las fluctuaciones del mercado, impidiendo que ajustaran sus tarifas en función de los aumentos de salarios, servicios o insumos.
“Los establecimientos privados deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin requerir autorización estatal”, sostiene el decreto, en línea con el principio de libertad de mercado que impulsa la actual administración.
Un cambio con debate en puerta
La decisión del Ejecutivo abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la educación privada en la Argentina, especialmente en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo de las familias.
Mientras el Gobierno sostiene que la desregulación mejorará la competitividad y permitirá sostener la calidad educativa, sectores críticos advierten que la medida podría provocar aumentos significativos en las cuotas escolares desde el ciclo lectivo 2026, afectando el acceso de miles de estudiantes a la educación privada.
El impacto concreto dependerá de cómo cada provincia implemente —o no— esta desregulación, y de la respuesta del mercado educativo frente a la nueva libertad de precios.
