Los deudores alimentarios no podrán ingresar a casinos, salas de juego ni bingos en todo el territorio bonaerense. La medida quedó oficialmente vigente tras la promulgación de la Ley 15.589, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.
La normativa alcanza a todas las personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) y se incorpora como un nuevo mecanismo de control para reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Con la entrada en vigencia de la Ley 15.589, el Gobierno bonaerense queda habilitado a implementar los procedimientos necesarios para que los establecimientos de juego identifiquen y restrinjan el acceso a quienes figuren como deudores alimentarios.
De este modo, se suma una herramienta administrativa que complementa las sanciones ya existentes en el ámbito judicial, con el objetivo de garantizar el pago regular de las cuotas alimentarias.
La ley alcanza a las personas que se encuentren registradas en el RDAM por:
Adeudar tres cuotas alimentarias consecutivas, o
Cinco cuotas alternadas
Este criterio ya es utilizado por la Justicia de la provincia de Buenos Aires para determinar la condición de morosidad alimentaria.
La normativa establece un esquema de responsabilidad conjunta:
El personal de casinos, salas de juego y bingos deberá impedir el ingreso de las personas alcanzadas por la restricción.
El Poder Ejecutivo provincial tendrá a su cargo la supervisión y control del correcto cumplimiento de la ley.
De esta manera, los establecimientos de juegos de azar pasan a tener un rol activo en la aplicación de la normativa.
El proyecto fue impulsado por el senador Germán Di Césare (Unión por la Patria) y aprobado en noviembre por el Senado bonaerense. La iniciativa incorpora fundamentos del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que las obligaciones alimentarias se extienden:
Hasta los 21 años, y
Hasta los 25 años en determinados casos específicos.
La ley remarca que el cumplimiento regular de estas obligaciones es clave para no afectar la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes que dependen de dichas prestaciones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida apunta a:
Reducir los niveles de incumplimiento alimentario
Promover el ordenamiento económico de las personas con deudas registradas
Fortalecer las herramientas del Estado para garantizar derechos básicos
Con esta decisión, la provincia de Buenos Aires refuerza su política de control sobre los deudores alimentarios y suma una restricción concreta que impacta directamente en el acceso a actividades recreativas vinculadas al juego.