El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de todas sus funciones al Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones. La medida se concretó luego del fuerte impacto político generado por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo y tras la detección de múltiples irregularidades administrativas en el organismo.
Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, la decisión no fue improvisada: venía siendo evaluada desde hace tiempo a partir de auditorías internas que detectaron graves falencias en el control, la gestión y la transparencia de la agencia, creada en 2017 como un ente descentralizado.
El encargado de comunicar la medida fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó desde la sala de conferencias que la ANDIS “tal como la conocemos, dejará de existir”.
“La Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, afirmó el funcionario.
En ese marco, remarcó que el objetivo del cambio es ordenar la administración de las políticas públicas vinculadas a la discapacidad, eliminando la discrecionalidad y reforzando los mecanismos de control.
Adorni explicó que la autonomía administrativa de la ANDIS derivó, con el paso de los años, en un esquema marcado por la burocracia excesiva y el desmanejo.
“Durante años acumuló capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, sostuvo.
Entre las irregularidades detectadas, el Gobierno mencionó:
Pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas
Beneficios otorgados sin documentación válida
Médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico
Organizaciones que facturaban servicios que nunca se prestaban
Como ejemplo, Adorni citó el caso de la Fundación METAS, que declaraba brindar clases de apoyo escolar pero cuya sede era, según la inspección oficial, una vivienda precaria sin agua, sin electricidad ni condiciones mínimas de funcionamiento.
“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, detalló.
Con la absorción de la ANDIS por parte de Salud, el Ejecutivo promete una gestión más transparente y controlada. Según explicó Adorni, se implementarán:
Auditorías permanentes
Trazabilidad de los expedientes
Criterios sanitarios en la toma de decisiones
Mecanismos de control más estrictos
Además, se anunció la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica del área.
Uno de los puntos centrales del anuncio fue la aclaración oficial respecto al impacto social de la medida. El jefe de Gabinete fue enfático:
“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni prestaciones. No se va a eliminar absolutamente ninguna prestación”.
De esta manera, el Gobierno buscó llevar tranquilidad a los beneficiarios y evitar interpretaciones erróneas sobre posibles ajustes en el sistema de asistencia.
La disolución de la ANDIS marca un giro en la administración de las políticas de discapacidad en Argentina, con un esquema más centralizado bajo la órbita del Ministerio de Salud. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es terminar con los abusos, mejorar el control del gasto y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, sin afectar derechos adquiridos.