Preocupación por el fin del plan Remediar

El histórico Programa Remediar, que desde su creación en 2002 funcionó como el principal garante del acceso a la salud en el primer nivel de atención, atraviesa una reestructuración que marca un punto de giro en la política sanitaria argentina. El Gobierno nacional ha decidido recortar el vademécum del programa, reduciendo la oferta de 79 presentaciones farmacológicas a solo tres, una medida que entrará en vigencia plena a partir de septiembre.

Esta decisión, comunicada en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA), implica que el programa dejará de cubrir el 85% al 90% de las patologías más frecuentes que se atienden en los más de 8.000 centros de salud del país. El nuevo enfoque se centrará exclusivamente en la prevención de enfermedades cardiovasculares, como la cardiopatía isquémica y la enfermedad vascular cerebral. Los únicos medicamentos que permanecerán en los botiquines serán un antihipertensivo básico, un antiagregante plaquetario y una estatina para el colesterol.

La lista de medicamentos eliminados es extensa y crítica. Según informes técnicos, se discontinuará la entrega de tratamientos para enfermedades crónicas como la diabetes (insulina y antidiabéticos orales), hipotiroidismo, asma y EPOC. También quedarán fuera del alcance gratuito los antibióticos, analgésicos, corticoides y sales de rehidratación oral, fundamentales para el manejo de infecciones agudas y cuadros pediátricos.

El impacto en las provincias es alarmante. En Tierra del Fuego, el suministro de medicamentos cayó un 70% respecto a 2023, mientras que en la provincia de Buenos Aires la distribución de unidades disminuyó más del 55%. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, calificó la medida como un "desastre total", advirtiendo que en muchas zonas del interior del país, donde no existen farmacias privadas, el Estado es el único proveedor posible.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, se justifica la poda argumentando la necesidad de mejorar la trazabilidad y eficiencia. Fuentes oficiales señalaron haber detectado irregularidades como malversación y venta ilegal, denunciando que menos del 10% de los centros de atención reportaba correctamente el uso de los insumos. Sin embargo, para los especialistas, esta reforma deja desprotegidas a cerca de 20 millones de personas que dependen del sistema público de salud.