El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, dispuso la transferencia de hasta $12.300 millones durante 2026 a la empresa estatal Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA). La medida, oficializada mediante decreto, apunta a garantizar la continuidad del servicio, fortalecer la estructura operativa y ampliar la cobertura de gas natural en zonas sin acceso.
El financiamiento se realizará bajo la figura de “aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital”, un mecanismo ya utilizado en años anteriores. Esta herramienta permite reforzar las finanzas de la empresa sin modificar su composición accionaria, asegurando así su funcionamiento en un contexto de alta demanda y costos crecientes.
Desde el Ejecutivo bonaerense remarcan que la inversión busca sostener la prestación del servicio de gas y avanzar en obras que permitan mejorar la infraestructura existente, especialmente en regiones donde aún no llegan las redes domiciliarias.
Uno de los ejes centrales de la medida es extender el acceso al gas natural en el Interior de la provincia, donde todavía predominan sistemas más costosos y menos eficientes como el GLP.
En ese marco, BAGSA cumple un rol estratégico: impulsa proyectos para reemplazar sistemas alternativos por redes domiciliarias, lo que implica una mejora sustancial en calidad de vida y costos para los usuarios.
Las obras en marcha incluyen planes de expansión en distintas localidades, muchos de ellos vinculados a reclamos históricos de vecinos. Sin embargo, este tipo de proyectos requieren financiamiento sostenido, ya que presentan baja rentabilidad en zonas donde no operan empresas concesionarias privadas.
El decreto establece que los fondos serán transferidos mediante desembolsos mensuales, que estarán sujetos a la revisión del Ministerio de Economía provincial. Además, los giros dependerán de la disponibilidad financiera del Estado, lo que podría derivar en ajustes en el cronograma.
El uso de los recursos será supervisado por organismos técnicos, con el objetivo de garantizar que se destinen a obras, mantenimiento y mejoras del sistema.
La decisión se inscribe en un contexto de tensión sobre las cuentas públicas y en medio de un debate más amplio sobre el rol del Estado en sectores estratégicos, como el energético.
En esa línea, el gobierno bonaerense refuerza su postura a favor de la intervención estatal para garantizar servicios esenciales, sostener la infraestructura y avanzar en la universalización del acceso al gas natural en toda la provincia.