El Gobierno nacional dio un paso determinante en el proceso de privatización de rutas nacionales al abrir las ofertas económicas de las empresas interesadas en la concesión de corredores estratégicos en las provincias de Buenos Aires y La Pampa. La medida forma parte de la Red Federal de Concesiones y apunta a mejorar la infraestructura vial mediante inversión privada.
La licitación corresponde a la Etapa II - A, que contempla el mantenimiento, operación y explotación de 1.871 kilómetros de rutas y autopistas. Entre los tramos incluidos se encuentran las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226, además de las autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.
De acuerdo con los datos publicados en la plataforma oficial Contrat.Ar, el consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco presentó la propuesta más competitiva para el tramo principal.
En paralelo, para el tramo correspondiente a la Ruta Nacional 5, entre Luján y Santa Rosa (La Pampa), la oferta más económica fue presentada por:
La compulsa dejó afuera a jugadores tradicionales del negocio vial en Argentina, como el grupo Roggio, la constructora Panedile y empresarios vinculados al sector como Cristóbal López. Con estos resultados, el consorcio que lidera las ofertas más bajas se posiciona como el principal candidato a quedarse con la concesión.
El proceso licitatorio no estuvo exento de controversias. La administración del gobernador Axel Kicillof impugnó la licitación a través de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), aunque su planteo fue desestimado.
Desde la provincia denunciaron presuntas irregularidades, entre ellas la supuesta filtración anticipada de la oferta económica presentada por el organismo estatal. Además, anticiparon que el conflicto continuará en el ámbito judicial.
Actualmente, la red de rutas nacionales cuenta con aproximadamente 40.000 kilómetros. De ese total:
En ese marco, el Gobierno nacional autorizó recientemente a nueve gobernadores a implementar sistemas de peaje en rutas bajo su jurisdicción, con el objetivo de garantizar su mantenimiento y sostenibilidad.
La definición final de las concesiones marcará el rumbo del sistema vial argentino en los próximos años, con impacto directo en el transporte, la logística y el costo de circulación para millones de usuarios.