Reforma electoral: El proyecto ingresó al Senado

El Poder Ejecutivo Nacional ha dado un paso decisivo en su agenda legislativa con el envío al Senado de la versión final de un ambicioso proyecto de reforma electoral. Esta iniciativa, que busca transformar las bases del sistema político argentino, contempla un paquete de medidas más amplio del que se había anticipado originalmente. A través de este texto, el oficialismo apunta a corregir lo que considera un sistema viciado, introduciendo cambios que afectan desde la selección de candidatos hasta el financiamiento de las campañas.

Uno de los puntos centrales y más debatidos es la eliminación formal del régimen de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Con esta derogación, el proyecto propone que cada agrupación política defina a sus candidatos mediante mecanismos internos propios, devolviendo la autonomía a los partidos para organizar sus procesos de selección.Vinculado a esto, se establece un nuevo sistema de avales ciudadanos para oficializar listas, el cual deberá gestionarse a través de una plataforma digital administrada por la Cámara Nacional Electoral que contará con estrictos mecanismos de autenticación de identidad.

En materia de integridad, el proyecto incorpora la denominada "Ficha Limpia" al régimen electoral nacional. Según esta normativa, no podrán postularse como candidatos aquellas personas que cuenten con condenas por delitos dolosos con sentencia confirmada en segunda instancia. Para garantizar el cumplimiento de esta restricción, se prevé la creación de un Registro Público de Ficha Limpia dentro del ámbito de la Cámara Nacional Electoral.

Asimismo, la reforma introduce modificaciones en la Boleta Única de Papel (BUP), sumando un casillero que permitirá a los votantes elegir, con una sola marca, todas las categorías de una misma agrupación política. Por otro lado, se endurecen significativamente los requisitos para la existencia de los partidos políticos: los de distrito deberán acreditar afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón, mientras que los nacionales requerirán personería vigente en al menos diez distritos. Además, se fija la caducidad de aquellos partidos que no alcancen el 3% del padrón en una de dos elecciones nacionales sucesivas.

El control sobre el dinero en la política también es un eje fundamental. El texto mantiene el aporte estatal, pero impone un tope del 35% para aportes privados por persona y establece la obligación de informar semanalmente sobre las contribuciones recibidas. Una novedad destacada es la prohibición explícita de contratar asesores extranjeros para las agrupaciones políticas, así como la restricción de publicidad financiada desde el exterior.

Finalmente, el proyecto altera la representación en el Parlasur, eliminando el voto directo para estos cargos. Los representantes argentinos serán designados entre los legisladores del propio Congreso Nacional, no percibirán una remuneración adicional a su banca y solo podrán cobrar viáticos por su actividad específica en el organismo regional.