En una nueva escalada de tensión con los medios, el presidente Javier Milei dispuso la prohibición de ingreso a la Casa Rosada para periodistas acreditados, en una medida que impacta de lleno en la cobertura diaria de los actos de gobierno.
La decisión fue comunicada en la mañana de este jueves a los trabajadores de prensa que se desempeñan en Balcarce 50, a quienes se les notificó además la eliminación de sus accesos biométricos. Según el mensaje oficial, la medida responde de manera “preventiva” a una presunta investigación por “espionaje ilegal”.
Al arribar a la sede gubernamental, al menos 60 periodistas se encontraron con un operativo integrado por personal de Casa Militar y efectivos de la Policía Federal, quienes les impidieron el ingreso. Los agentes contaban con listados nominales de trabajadores de prensa a los que se les negó el acceso sin mayores explicaciones.
La quita de huellas dactilares como método de identificación y el bloqueo generalizado de acreditaciones representan un endurecimiento inédito en la relación entre el Gobierno y los medios.
La medida no es aislada. Semanas atrás, el Ejecutivo ya había restringido el ingreso a periodistas de medios como El Destape, A24, Ámbito Financiero, FM La Patriada y Tiempo Argentino.
En aquel momento, la justificación oficial apuntó a publicaciones vinculadas a una supuesta operación internacional de desinformación con origen en Rusia, que habría tenido como objetivo desacreditar al Presidente.
El conflicto escaló aún más tras una denuncia impulsada por Casa Militar contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de la señal TN.
Ambos fueron acusados de registrar imágenes dentro de la sede del Ejecutivo sin autorización, en el marco de un informe televisivo que abordaba internas dentro del oficialismo, particularmente entre Karina Milei y el asesor Santiago Caputo.
La causa quedó radicada en el juzgado del magistrado Ariel Lijo, donde se investiga una posible vinculación con maniobras de espionaje ilegal y campañas de noticias falsas.
El propio Presidente ratificó la medida a través de redes sociales con duros términos contra el periodismo, calificando a los trabajadores de prensa como “basuras repugnantes” y exigiendo sanciones contra los involucrados en el caso.
En una de sus publicaciones, también difundió un flyer con la imagen de los periodistas denunciados, acusándolos de haber realizado una “cámara oculta sin autorización”. En ese marco, sostuvo que “se terminó la época de las operetas periodísticas sin consecuencias”.
La decisión de restringir el acceso a la prensa en la Casa de Gobierno profundiza un enfrentamiento que viene en aumento desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza. Organizaciones periodísticas y sectores de la oposición advierten sobre el impacto que estas medidas podrían tener en la libertad de expresión y el derecho a la información pública en Argentina.