En respuesta a uno de los reclamos más persistentes y crecientes de los vecinos bonaerenses, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires analiza una iniciativa legislativa que busca terminar definitivamente con la contaminación sonora en las calles. El diputado Manuel Passaglia ha presentado un proyecto de ley que propone endurecer de manera drástica las sanciones contra los propietarios de motos y autos que circulen con caños de escape adulterados o antirreglamentarios. La novedad más impactante de esta propuesta radica en que contempla no solo el secuestro de los vehículos en infracción, sino también su compactación y destrucción total en los casos considerados más graves.
De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, las herramientas actuales de control, basadas mayormente en multas económicas, han resultado insuficientes para disuadir a quienes utilizan "escapes libres". Por ello, el proyecto propone atacar el problema de forma integral, prohibiendo no solo la circulación de estos vehículos, sino toda la cadena comercial vinculada a los dispositivos: desde su fabricación y comercialización hasta su instalación en cualquier punto del territorio bonaerense.
La propuesta otorga facultades a los jueces administrativos para ordenar el secuestro preventivo y el decomiso de los escapes ilegales para su destrucción inmediata. En situaciones donde se detecte intencionalidad, reincidencia o niveles de ruido extremos que superen los límites permitidos, se habilitará la compactación del rodado completo. Passaglia enfatizó que, aunque la medida es fuerte, resulta proporcional al daño que los ruidos molestos causan en el descanso, la salud y la convivencia diaria de la población.
El proyecto establece criterios específicos para agravar las sanciones, poniendo especial énfasis en las infracciones cometidas en áreas densamente pobladas o en las cercanías de centros de salud y escuelas. "Estamos defendiendo algo básico: el derecho de los vecinos a vivir tranquilos", señaló el diputado al explicar que el ruido constante altera gravemente la calidad de vida urbana.
Este tipo de políticas de "tolerancia cero" ya está encontrando antecedentes en otros puntos del país. Recientemente, la municipalidad de San Luis llevó a cabo la destrucción de 210 caños de escape adulterados, una medida que surgió directamente de la demanda vecinal ante la imposibilidad de descansar por las madrugadas.