La creciente preocupación por el estado de los caminos rurales y la infraestructura vial volvió a instalar un fuerte reclamo del sector agropecuario en el sudeste bonaerense, en un contexto de otoño marcado nuevamente por intensas lluvias que complican la transitabilidad y exponen viejas falencias en la administración de los fondos públicos.
Las Sociedades Rurales del Sudeste, nucleadas en CARBAP y representando a 16 distritos bonaerenses, advirtieron sobre la disparidad en la gestión de las tasas viales: mientras algunos municipios muestran resultados positivos, otros atraviesan una situación crítica que genera un profundo malestar entre los productores.
Durante la reunión mensual realizada esta semana en la Sociedad Rural de Rauch, los dirigentes recibieron al abogado constitucionalista Jorge Moroni, cuyo estudio jurídico logró fallos favorables para productores de Azul y Daireaux. En ambos casos, la Justicia determinó que los municipios deberán devolver sumas millonarias por el cobro de tasas sin contraprestación efectiva o sin servicios claramente asignados.
Moroni explicó a los ruralistas cuáles son las herramientas judiciales disponibles para avanzar en recljos similares en aquellos distritos donde se repiten estas situaciones. Según sostuvo, tanto en los tribunales de Mar del Plata como en Trenque Lauquen existen antecedentes y magistrados con criterio favorable a la aplicación estricta del principio constitucional que establece que toda tasa debe tener una contraprestación concreta.
El letrado, que inició este camino junto al ex presidente de CARBAP Juan Pedro Merbilháa, también remarcó la importancia de agotar primero las vías institucionales: conocer las ordenanzas vigentes, participar en las asambleas de mayores contribuyentes, asistir a comisiones y sesiones de los Concejos Deliberantes y promover propuestas que permitan transparentar el uso de los recursos.
En ese marco, también se mencionó el caso de la Sociedad Rural de Rauch, que impulsa desde hace tiempo la eliminación progresiva de la tasa de Guías, Marcas y Señales, un tributo que —según sostienen— carece de contraprestación real. Moroni fue contundente al señalar que cualquier reclamo judicial serio podría hacer caer ese cobro de inmediato, ya que “solo hay una oficina que impone un sello”, diferenciándolo de obligaciones sanitarias concretas como los DTe de SENASA.
Entre los distritos con mejor gestión vial fueron destacados Tandil, Benito Juárez, San Cayetano, General Lavalle y General Madariaga. En una situación intermedia aparecen Mar Chiquita, Rauch, Maipú, Lobería, Ayacucho y Balcarce, donde persisten críticas pero aún existe diálogo con los municipios.
Sin embargo, el informe ubica a Necochea entre los escenarios más preocupantes junto a General Pueyrredón, General Alvarado y General Guido, señalados por la falta de respuestas o por una gestión prácticamente inexistente en materia de caminos rurales.
Este señalamiento no es menor: el creciente enojo de los productores podría derivar en consecuencias económicas, políticas y judiciales de fuerte impacto para Necochea. No solo por la posibilidad de demandas millonarias por tasas cobradas sin contraprestación, sino también por el desgaste institucional que implica sostener un conflicto abierto con uno de los sectores productivos más importantes del distrito. En un partido donde la actividad agropecuaria resulta clave para la economía local, la tensión con el campo podría convertirse en un problema de gran escala para la gestión municipal.