La última de Milei: Doble cobro de peaje con la provincialización de rutas nacionales

La reciente publicación del Decreto 253/2026 del Poder Ejecutivo Nacional volvió a encender la polémica en torno al sistema vial argentino. La medida impulsa la provincialización de rutas nacionales y habilita su financiamiento mediante el sistema de peaje directo con cobro en ruta, una decisión que desde distintos sectores ya califican como inconstitucional y perjudicial para la producción y la circulación en todo el país.

Desde el Consejo Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) advirtieron que la norma carece de una ley formal que la respalde, algo que —según sostienen— exige expresamente la Constitución Nacional en su artículo 75, donde se establece que la potestad de crear contribuciones corresponde exclusivamente al Congreso.

Para la entidad, el decreto firmado por el gobierno de Javier Milei vulnera principios básicos de legalidad tributaria, razonabilidad y federalismo, además de no contemplar una transferencia presupuestaria hacia las provincias, otro requisito indispensable para avanzar con este tipo de cambios estructurales.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a lo que califican como una “doble imposición” sobre los usuarios. Mientras el Estado sigue recaudando millones de dólares anuales a través del Impuesto a los Combustibles —creado originalmente para financiar la infraestructura vial— ahora también pretende sostener las rutas mediante peajes directos, trasladando nuevamente el costo a quienes transitan.

Desde CONADUV remarcan que esto convierte al peaje en un impuesto encubierto, ya que no existiría una contraprestación clara ni proporcional. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que el peaje solo puede ser considerado una tasa válida cuando existe un servicio concreto que lo justifique. De lo contrario, se transforma en un tributo ilegal.

También cuestionan la transferencia de la gestión de rutas nacionales hacia las provincias o incluso hacia el sector privado. Consideran que las rutas nacionales son bienes del Estado federal y que cualquier cesión de esa naturaleza requiere una ley del Congreso y recursos específicos para garantizar su mantenimiento.

Sin ese respaldo económico, aseguran, la carga termina recayendo sobre las provincias de manera arbitraria, afectando el equilibrio federal y agravando los problemas de transitabilidad, seguridad vial y logística productiva.

El organismo advierte además que la Red Federal de Concesiones (RFC), junto con el esquema de concesiones por peaje y la provincialización de rutas, podría generar fuertes perjuicios económicos y sociales, especialmente para las economías regionales, el transporte de cargas y la competitividad de la producción argentina.

“El cobro de peaje directo en ruta ha sido y sigue siendo un fracaso y una estafa”, sostienen desde la entidad, al tiempo que afirman que este sistema no mejora la seguridad vial ni reduce los costos de transporte, sino que restringe la circulación interna y encarece el acceso a los mercados.

Como alternativa, CONADUV insiste en la necesidad de avanzar en un Proyecto Vial Nacional integral que contemple toda la red caminera del país y garantice que los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles sean destinados efectivamente a su finalidad original: mantener rutas en condiciones, sin peajes y sin barreras.

Además, proponen recuperar el rol estratégico de la Dirección Nacional de Vialidad y avanzar hacia un sistema de transporte multimodal —vial, ferroviario y fluvial— concebido como política de Estado, alejado de los grandes negocios concentrados y orientado a mejorar la competitividad nacional.

Finalmente, el organismo exhortó al Gobierno Nacional, gobernadores, legisladores, intendentes y concejales a respetar lo establecido en la Constitución y garantizar el derecho de los argentinos a transitar libremente por el territorio nacional, sin nuevas cargas que profundicen la crisis económica y productiva.