El Gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo caso de presunta corrupción. El ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó la renuncia de uno de sus funcionarios más cercanos, Carlos María Frugoni, luego de que se conociera que poseía propiedades y sociedades en el exterior sin declarar.
Frugoni, quien se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura, reconoció tener siete propiedades en Miami que no fueron informadas ante los organismos correspondientes.
A esto se suman dos sociedades comerciales radicadas en Estados Unidos, utilizadas presuntamente para adquirir y administrar esos inmuebles:
Ambas firmas habrían sido constituidas en el estado de Delaware entre 2021 y 2025. Según trascendió, los departamentos tienen valores que oscilan entre 140.000 y 310.000 dólares.
El ahora ex funcionario calificó la omisión como “un error”, aunque enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración jurada.
La renuncia se produjo en medio de una creciente presión pública y judicial. Aunque desde el Gobierno aseguran que se le pidió dejar el cargo para “dar una señal”, también trascendió que Frugoni habría recibido asesoramiento para regularizar su situación alejándose de la función pública.
Este episodio se suma a una serie de cuestionamientos que impactan en la gestión del presidente Javier Milei, en un contexto donde crecen las críticas por casos vinculados a corrupción.
Tras la salida de Frugoni, el Gobierno dispuso una rápida reconfiguración:
El cambio se produce en un momento delicado, con un conflicto abierto en el transporte interurbano del AMBA y ajustes que impactan directamente en los usuarios.
Durante su gestión, Frugoni tenía bajo su órbita sectores sensibles como:
Ambas áreas atraviesan un fuerte ajuste, con consecuencias visibles como:
Frugoni integraba el círculo íntimo de Caputo y formaba parte del grupo conocido como los “Newman Boys”, ligado a figuras del poder económico y político, entre ellos:
En su trayectoria, también ocupó cargos relevantes:
Su paso por la gestión pública ya había generado controversias. Durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta, Frugoni intervino en la adjudicación del Paseo del Bajo, obra que fue otorgada a la empresa vinculada a Ángelo Calcaterra, primo de Macri.
La Justicia investigó modificaciones en los plazos y criterios de evaluación que habrían favorecido a la constructora.
Otro foco de conflicto fue el predio del KDT, donde se aprobó la cesión de tierras por 25 años a una empresa privada vinculada al entorno empresarial de los Caputo, en un proceso con un único oferente.
El caso golpea de lleno al discurso oficial contra “la casta” y suma tensión a la agenda del Gobierno. Mientras tanto, la investigación judicial avanza y podría derivar en nuevas imputaciones.