El Gobierno nacional volvió a poner sobre la mesa una de las medidas más sensibles en materia energética: la posible eliminación o recorte del Régimen de Zona Fría, el esquema que actualmente otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas para usuarios de regiones con bajas temperaturas, como Bahía Blanca y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa forma parte de un paquete de reformas que la Casa Rosada prepara para enviar al Congreso en las próximas semanas, con el objetivo de reordenar el sistema de subsidios y reducir el gasto fiscal.
El proyecto busca recuperar el capítulo energético que había quedado fuera del Presupuesto 2026. En ese apartado ya se contemplaba la posibilidad de excluir a más de 3 millones de hogares del esquema de subsidios al gas.
Aunque el texto definitivo aún no fue cerrado, dentro del oficialismo reconocen que la revisión del Régimen de Zona Fría aparece como uno de los puntos centrales de la reforma. La decisión no es menor: implica redefinir quiénes acceden a tarifas diferenciales en un contexto de ajuste económico.
El sistema fue creado en 2002 y ampliado en 2021 para incorporar nuevas regiones, extendiendo su vigencia hasta el año 2031. Su objetivo es compensar el mayor consumo de gas en zonas con climas más fríos.
Actualmente, el beneficio se financia a través de un fondo fiduciario que se sostiene con un recargo en la tarifa de gas que pagan todos los usuarios del país. Ese porcentaje fue recientemente autorizado a subir del 7,5% al 11,25%, lo que también generó polémica.
Desde el Gobierno sostienen que la ampliación del régimen terminó incluyendo áreas con condiciones climáticas menos extremas, lo que habría incrementado el costo fiscal del sistema.
Sin embargo, los intentos anteriores de modificar o recortar este beneficio —tanto en la Ley Bases como en el tratamiento del Presupuesto— encontraron resistencia en el Congreso, donde la oposición logró frenar los cambios.
El posible avance sobre la Zona Fría anticipa un escenario de fuerte debate legislativo. Gobernadores, intendentes y legisladores de las provincias alcanzadas por el beneficio ya manifestaron en otras oportunidades su rechazo a cualquier recorte.
En este contexto, la discusión sobre los subsidios energéticos vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política, con impacto directo en millones de hogares que podrían ver incrementadas sus tarifas de gas en los próximos meses.