Efectivos de la DDI de Necochea llevaron a cabo una serie de allanamientos simultáneos en diversos establecimientos comerciales de Necochea y Quequén. Los operativos resultaron con el secuestro de una importante cantidad de medicación que era vendida en locales que no contaban con la habilitación correspondiente para tal fin.
La investigación tuvo su origen a partir de una denuncia formal presentada por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Esta presentación fue radicada ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nro. 1 Departamental, la cual se encuentra bajo la dirección del Dr. José Luis Cipoletti.Tras recibir la denuncia, el cuerpo de investigadores de la DDI realizó diversas tareas de inteligencia y labores de campo tendientes a verificar las sospechas sobre el expendio de medicación en locales no autorizados dentro de la jurisdicción. Una vez reunidos los elementos de prueba necesarios, se solicitaron las órdenes judiciales pertinentes para intervenir en los comercios señalados.
Las órdenes de allanamiento fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías Nro. 2. Los procedimientos se concentraron en locales de rubros variados, incluyendo kioscos, supermercados y almacenes de barrio distribuidos en distintos puntos de Necochea y Quequén. Según informaron las autoridades policiales, el material incautado fue variado y numeroso: no se limitaba únicamente a medicamentos de venta libre, sino que también se hallaron fármacos cuya condición de expendio es estrictamente “bajo receta”. La cantidad de productos retirados del mercado ilegal fue descrita como significativa por los agentes.

Cabe destacar que la normativa legal vigente es contundente respecto a esta práctica: está prohibida la venta de fármacos en cualquier local que no esté habilitado específicamente como “farmacia”. Esta regulación busca garantizar que los medicamentos sean manipulados y entregados bajo la supervisión de profesionales, asegurando su procedencia y correcto estado de conservación.
Como consecuencia directa de estos operativos, los propietarios y responsables de los comercios involucrados fueron notificados oficialmente del inicio de un proceso penal en su contra. Deberán ahora rendir cuentas ante la justicia por la comercialización ilegal de estas sustancias, mientras que la medicación secuestrada quedó a disposición de la UFI interviniente para las pericias correspondientes.