Desguace del INTA: La Provincia hizo un pedido formal para administrar miles de hectáreas

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, ha formalizado un pedido ante la administración nacional para gestionar miles de hectáreas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esta iniciativa busca rescatar terrenos distribuidos en más de diez municipios bonaerenses con el fin de continuar proyectos de investigación, innovación y desarrollo agropecuario que la provincia considera estratégicos.

Este reclamo surge como respuesta directa a la aprobación del cierre de 14 Agencias de Extensión Rural (AER) y un plan que contempla la venta de más de 42.000 hectáreas en todo el país. Según denunció el ministro Rodríguez, el organismo enfrenta un vaciamiento materializado en una caída del 47% de su presupuesto, lo que conlleva la reducción de personal calificado y el desfinanciamiento de líneas de investigación clave. En territorio bonaerense, el recorte ha impactado en localidades como Vedia, Rojas, Necochea y Balcarce, sumando un total de 20 agencias cerradas en la provincia.

En paralelo, la gestión provincial alertó sobre la crítica situación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tras la formalización de 140 despidos. Estos recortes han provocado que 29 estaciones dejen de generar información durante el turno nocturno, afectando a ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín y Villa Gesell. Rodríguez advirtió que esta medida pone en riesgo series estadísticas con más de cien años de vigencia y afecta la seguridad pública, la aviación civil y la planificación de los sectores productivos al perderse alertas tempranas y pronósticos precisos.

Finalmente, el funcionario provincial sostuvo que este conflicto no es estrictamente presupuestario, sino una disputa de modelos, acusando al gobierno de Javier Milei de ejecutar un ataque sistemático al conocimiento científico y tecnológico de la Argentina. La Provincia espera ahora una respuesta formal del gobierno nacional sobre el traspaso de las tierras que el INTA ha comenzado a derivar a la Agencia de Administración de Bienes del Estado.