La Universidad de Buenos Aires (UBA) emitió una alerta crítica: sus hospitales universitarios podrían dejar de funcionar de manera inminente debido a que el Gobierno Nacional no ha enviado los fondos operativos necesarios en lo que va del año. Según las autoridades de la institución, la deuda acumulada entre enero y abril de 2026 asciende a unos 20.000 millones de pesos, recursos que deberían haber sido ejecutados para cubrir insumos médicos, mantenimiento y servicios básicos esenciales.
La parálisis financiera afecta directamente a seis centros de salud de suma relevancia: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, el Instituto Lanari, el Instituto Vaccarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. Entre todas, estas instituciones brindan atención médica a más de 700.000 personas al año, por lo que el desfinanciamiento pone en riesgo directo el derecho a la salud de la comunidad y la estabilidad de sus profesionales.
Desde la UBA exigen el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada por la Justicia pese a las impugnaciones presentadas por el Poder Ejecutivo. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, denunció que el Gobierno incurre en una "política educativa ilegal" al incumplir con una normativa aprobada por amplias mayorías en el Congreso y ratificada en dos instancias judiciales.
Ante este escenario de asfixia presupuestaria, se convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 12 de mayo. Por su parte, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, ha intimado a los rectores a presentar planes de contingencia para garantizar el dictado de clases frente a las medidas de fuerza gremiales, manifestando su preocupación por la suspensión de la actividad académica. La tensión escala mientras los hospitales universitarios aguardan fondos vitales para seguir operando.