La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó este lunes un elemento clave que vuelve a poner el caso en el centro de la escena política. Un contratista que trabajó en la vivienda que el funcionario comparte con su esposa, Bettina Angeletti, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita y aseguró que las remodelaciones del inmueble habrían costado unos 245 mil dólares, abonados íntegramente en efectivo.
El dato no es menor: esa cifra supera en más de 100 mil dólares el valor que el propio Adorni había declarado por la compra de la propiedad, ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
De acuerdo al testimonio judicial, el volumen total de gastos atribuidos al funcionario en el último año y medio —entre propiedades, viajes y refacciones— superaría los 800 mil dólares, una cifra difícil de justificar en relación con sus ingresos como funcionario público.
El eje de la investigación está puesto en determinar si existe una desproporción entre los ingresos declarados y el nivel de gastos, lo que podría configurar el delito de enriquecimiento ilícito.
Además, la propiedad en cuestión no había sido incluida inicialmente en la declaración jurada presentada en 2025 (correspondiente al patrimonio 2024), sino que fue incorporada posteriormente, en medio del avance de la causa.
El contratista Matías Tabar, titular de una empresa de arquitectura, brindó detalles precisos sobre la obra. Según su declaración, el proyecto comenzó con un presupuesto cercano a los 94 mil dólares, pero con el correr de los meses se fueron sumando mejoras y “extras” que elevaron el costo final a 245 mil.
Entre los trabajos realizados se destacan:
Uno de los puntos más sensibles es que, según el testigo, todos los pagos se realizaron en efectivo, sin facturas ni comprobantes formales.
Tabar también aportó una planilla con fechas y montos que, según indicó, corresponden a los pagos realizados durante la obra:
Estos movimientos refuerzan la hipótesis de una operatoria sin registración formal, lo que complica la situación judicial del funcionario.
La causa avanza en Comodoro Py y suma tensión política. Desde el entorno de Adorni no negaron la existencia de las refacciones, pero sí cuestionaron los montos informados por el contratista y evalúan solicitar peritajes para determinar el costo real de la obra.
En paralelo, surgieron versiones sobre contactos previos entre el funcionario y el testigo antes de su declaración, lo que motivó planteos desde la oposición. Incluso, la diputada Marcela Pagano solicitó su detención por un supuesto intento de entorpecer la investigación.
El caso generó repercusiones inmediatas en el ámbito político. Desde distintos sectores de la oposición impulsaron pedidos de interpelación y mociones de censura en el Congreso.
“El nivel de inconsistencia patrimonial es alarmante”, señalaron desde uno de los bloques, que exige explicaciones públicas y mayor transparencia.
Mientras el funcionario evita declaraciones públicas y se limita a responder que dará explicaciones ante la Justicia, el expediente suma elementos que complejizan su situación.
El testimonio del contratista no sólo aporta cifras, sino también un esquema de funcionamiento que, de confirmarse, podría ser determinante en la causa.
Con nuevos pedidos de prueba en marcha y un escenario político cada vez más tenso, el caso promete seguir escalando en los próximos días.