Revés judicial para el Gobierno: La Corte Suprema rechazó el "per saltum" por la Reforma Laboral

La Corte Suprema de Justicia le dio un duro revés al Gobierno en la pelea por la reforma laboral al declarar "inadmisible" el recurso de per saltum presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación. Esta decisión representa un cambio de ritmo en la estrategia del Gobierno, que buscaba que el máximo tribunal resolviera de manera directa y acelerada sobre la constitucionalidad de la norma, evitando el paso por los tribunales previos. Con este fallo, el tribunal determinó que la causa deberá agotar primero todas las instancias judiciales inferiores antes de llegar nuevamente a su estrado.

La consecuencia más inmediata y significativa de este escenario es que los puntos cuestionados de la reforma vuelven a regir plenamente mientras se tramita la apelación. Esto ocurre después de un complejo recorrido judicial: inicialmente, un juez del fuero laboral había suspendido cautelarmente más de 80 artículos tras un reclamo de la Confederación General del Trabajo (CGT), pero dicha suspensión fue posteriormente revertida por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Entre las normativas que ahora recuperan vigencia se encuentran cambios profundos en las indemnizaciones por despido, nuevas modalidades de contratación, el sistema de banco de horas, el fraccionamiento de las vacaciones y la imposición de límites a las contribuciones sindicales.

Un elemento clave en este proceso es el reciente conflicto de competencia. La Cámara en lo Contencioso Administrativo se declaró competente para intervenir en la demanda de la CGT, desplazando así al fuero laboral. Los jueces consideraron que el planteo está dirigido contra el Estado en su rol legislativo, lo que motivó el traslado del expediente para continuar con el trámite procesal en este nuevo ámbito.

Ante estos reveses judiciales, la CGT ha manifestado su rechazo y anunciado que profundizará los reclamos sindicales. Además de las movilizaciones, la central obrera advirtió que llevará sus planteos ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que las disposiciones de la reforma vulneran derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.