Ajuste sin control: El Gobierno oficializó recortes por más de $2 billones en universidades, salud y ciencia

El escenario económico de 2026 nuevamente se ve afectado por una nueva y drástica decisión sobre el destino de los fondos. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó un recorte neto de $2,5 billones de la Administración Central, cifra que representa el 1,6% del gasto total.La medida, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo, busca elevar el superávit fiscal anual a $3,2 billones, cumpliendo con la meta de reducir un 2% los gastos discrecionales, según lo acordado con el FMI.

El impacto más severo de esta "poda" se localiza en los servicios económicos y subsidios, donde se aplicó una quita de $1,47 billones en asistencias financieras, sumada a una baja de $359.497 millones en programas de uso racional y eficiente de la energía. El sector educativo también recibió un golpe directo: se eliminaron partidas de infraestructura en 14 universidades nacionales, afectando a casas de estudio como la UNLP, UNSAM, Litoral y Nordeste, además de recortar $78.711 millones del Fondo de Compensación Salarial Docente.

Las ciencias y tecnologías enfrentan un panorama complejo tras la pérdida de 19.532 millones de pesos en su área de innovación. Instituciones claves como el CONICET sufrieron recortes por 3.280millones de pesos; la CONAE unos 4.409 millones  y la Agencia I+D+i tuvo un recorte de $857 millones. Todos estos recortes afectan la investigación aplicada y la tecnología en materia de salud. La motosierra avanzó sobre programas para la lucha contra el cáncer, aplicando recortes por 63.021 millones de pesos, así como en programas de salud mental, VIH y trasplantes. El Ministerio de Capital Humano también debió resignar fondos para programas de niñez, alfabetización y becas.

Incluso la infraestructura básica y la cultura se vieron afectadas, con recortes en agua potable, viviendas en asentamientos, bibliotecas populares y el Teatro Nacional Cervantes. En contraste, el Gobierno amplió en $500.000 millones el límite para el pago de sentencias previsionales y asignó $115.194 millones adicionales al Consejo de la Magistratura para gastos de personal. Por último, el Congreso y las Fuerzas de Seguridad sufrieron bajas superiores a los $80.000 millones en conjunto, consolidando una estrategia de ajuste profundo sobre las áreas sociales del país.