Argentina
El hermano de Manuel Adorni, imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
14/05/2026 09:12 |
La causa judicial conocida mediáticamente como “Adornigate” sumó un nuevo capítulo y puso en el centro de la escena a Francisco Adorni, hermano menor del jefe de Gabinete Manuel Adorni. El dirigente libertario quedó imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos luego de que la Justicia detectara movimientos patrimoniales que no guardarían relación con sus ingresos declarados como funcionario público.
La investigación está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán y se originó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. El expediente tramita en el Juzgado Federal N° 6, actualmente subrogado por Daniel Rafecas.
Qué investiga la Justicia sobre Francisco Adorni
Según trascendió, el foco de la causa está puesto en el crecimiento patrimonial del legislador bonaerense durante su paso por distintos cargos en el Estado nacional. Entre los elementos observados aparece la compra de una camioneta Jeep adquirida en noviembre de 2025 y la cancelación de un crédito hipotecario con el Banco Provincia por aproximadamente 60 millones de pesos.
Para la fiscalía, esos movimientos financieros podrían no corresponderse con los ingresos obtenidos por Adorni en sus funciones dentro del Estado. El dictamen de Marijuán sostiene que la investigación apunta a determinar si existió un “incremento patrimonial no justificado” desde diciembre de 2023, cuando comenzó a desempeñarse en cargos del Poder Ejecutivo nacional.
La denuncia presentada por Pagano señala además la posibilidad de que Francisco Adorni haya actuado como supuesto “testaferro” de su hermano Manuel, canalizando activos de origen incierto. En ese marco, también se analiza una eventual maniobra de lavado de dinero.
El patrimonio de Francisco Adorni se duplicó en un año
Uno de los puntos centrales de la causa es la evolución de las declaraciones juradas del dirigente libertario. De acuerdo con la presentación judicial, el patrimonio declarado por Francisco Adorni pasó de 43,7 millones de pesos en 2024 a 80,5 millones en 2025.
En su primera declaración jurada había informado la posesión del 50% de una vivienda en City Bell y un vehículo Chery Tiggo modelo 2017. Sin embargo, meses después logró cancelar gran parte de un crédito hipotecario valuado en más de 100 mil dólares, además de incorporar nuevos bienes.
La Justicia ya ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del diputado provincial y también solicitó información a ARCA para determinar si ingresó capitales a través de los últimos blanqueos impulsados por el Gobierno nacional.
De funcionario en Defensa a diputado libertario
Francisco Adorni inició su carrera en la administración nacional tras la llegada de su hermano Manuel a la vocería presidencial. Su primer cargo fue como asesor de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa durante la gestión de Luis Petri.
Meses después fue promovido a titular del área, decisión que generó cuestionamientos por la falta de antecedentes técnicos o experiencia previa. El ascenso vino acompañado de un fuerte incremento salarial: pasó de percibir alrededor de 820 mil pesos mensuales a casi cuatro millones de pesos.
Pese a ello, la fiscalía considera que esos ingresos no alcanzarían para justificar el nivel de gastos y movimientos patrimoniales registrados.
Posteriormente, impulsado políticamente por Karina Milei y Sebastián Pareja, encabezó la lista de La Libertad Avanza en la octava sección electoral bonaerense y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
La polémica por el préstamo del IAF a IOSFA
Antes de asumir como legislador provincial, Francisco Adorni también fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Desde allí autorizó un préstamo de 40 mil millones de pesos destinado a la obra social militar IOSFA.
Ese movimiento también quedó bajo sospecha. La diputada Pagano presentó una segunda denuncia penal donde acusa al funcionario de presunta administración fraudulenta, malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La presentación judicial sostiene que el préstamo habría sido otorgado en condiciones cuestionadas y sin controles suficientes, mientras el Gobierno avanzaba paralelamente con la disolución de IOSFA y la creación de una nueva obra social, OSFA.
La crisis derivó además en fuertes reclamos de integrantes de las Fuerzas Armadas por problemas en la atención médica y por la situación financiera del sistema de cobertura sanitaria militar.
