El intendente Arturo Rojas tomó la decisión de judicializar una disputa con el Concejo Deliberante. El pasado viernes 15 de mayo, el Departamento Ejecutivo, con el patrocinio de la Secretaría Legal y Técnica, formalizó una presentación de conflicto de poderes ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
El eje del enfrentamiento es la Ordenanza Nº 12.148/26, una normativa aprobada por el cuerpo legislativo que otorga nuevos beneficios e inmunidades fiscales a los veteranos de la Guerra de Malvinas, sus viudas y derechohabientes. La norma establece exenciones en el pago de Derechos de Oficina para licencias de conducir, en el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) y en el impuesto a la patente de rodados. Además, el texto exige que estos alivios fiscales se contemplen obligatoriamente en la planificación tributaria del año 2027.
Desde el Ejecutivo, argumentan que el Concejo se extralimitó en sus funciones al modificar la estructura de ingresos municipales e imponer pautas para ejercicios futuros sin la iniciativa del gobierno local. Según la presentación liderada por el Dr. Ernesto Povilaitis, esta acción afecta las facultades de administración financiera que corresponden legalmente al intendente.
Ante lo que consideran una invasión de competencias, la comuna solicitó a la Corte la nulidad e inconstitucionalidad de la ordenanza. Asimismo, se pidió una medida cautelar urgente para suspender la vigencia de los beneficios de forma inmediata mientras los ministros analizan el caso. Actualmente, la normativa se encuentra en un "limbo legal" que marcará el ritmo del diálogo político en la ciudad durante los próximos meses.