Una vez más el gobierno municipal a cargo de Arturo Rojas está facilitando negociados a concesionarios amigos usando el espacio público y esta vez ha llegado incluso más lejos que en ocasiones anteriores: unos 50 árboles vivos en un concurrido sector del Parque Miguel Lillo fueron talados o marcados para su tala abriendo espacio para preparar el negocio de un amigo de la gestión.
Aunque todavía ni siquiera se conocen los nuevos pliegos para una eventual concesión, en el municipio comenzaron con movimientos directamente destructivos sobre el patrimonio público con la tala de un importante número de arboles en el sector de parrillas de Avenida Pinolandia y 10, que es prácticamente el único lugar en el que los vecinos y turistas pueden encender fuego controlado en un sector de parrillas en el Parque Miguel Lillo.
Según pudo averiguar Cuatro Vientos, en el Concejo Deliberante aún ni siquiera se han revisado los pliegos para una concesión que busca sacar las parrillas de acceso público en un lugar que usan las familias todos los fines de semana.

Talaron árboles vivos para abrir espacio y en la Muni nadie explica quién lo hizo
En cambio, la idea de la gestión Rojas es cerrar el espacio y darselo a un concesionario amigo para que instale puestos de venta de comida. Para ello, incluso antes de cualquier revisión de control, comenzaron a abrir espacios con la tala de árboles. Hasta el momento no está claro qué área municipal estuvo a cargo de los trabajos y se sospecha que la Muni directamente dejó que fuera el interesado en la concesión quien se pusiera con la tala incluso antes que su proyecto sea revisado.
El tema fue abordado esta semana por la Comisión de Medio Ambiente del HCD, donde algunos vecinos se presentaron para brindar información sobre un proyecto que busca regular el arbolado urbano a través de la asesoría ad honorem de especialistas en la materia.
La propuesta está esperando su consideración desde el año pasado y desde enero de este año está en el despacho del Ejecutivo esperando alguna respuesta. La propuesta espera mientras que los vecinos de distintos barrios reclaman por seguridad en un contexto donde la poda de plantas para mejorar la iluminación es uno de los temas que el propio oficialismo menciona como posibles paliativos.
Por lo pronto la Comuna sólo ha hecho anuncios vagos sobre sus intenciones de renovar la concesión aunque se sabe que el proyecto no obliga a los eventuales concesionarios a mantener el servicio de parrillas y a cambio se intenta instalar locales comerciales, quitando prestaciones a los vecinos para facilitar un negocio en un sitio de privilegio, accesible y en normal funcionamiento. Está claro que no se necesita mejorar el servicio en ese espacio y todo se reduce a facilitar un negocio nuevo a un amigo de la gestión.

Árboles marcados por no se sabe quien para abrir espacio a un concesionario cuando ni siquiera se presentaron los pliegos
El criterio que está usando la gestión del intendente Arturo Rojas no tiene que ver con políticas públicas sino con conseguir recaudación para sus propios iontereses cediendo espacio público mientras lo presenta descaradamente como un avance o renovación necesaria.
En el pasado reciente dos fallos judiciales detuvieron el intento de entregar el Complejo Casino a precio vil: el intendente pretendía facilitar una subasta con oferente único a un grupo empresario sin proyecto ni el cumplimiento de normas básicas de urbanismo, por lo que un amparo judicial detuvo todo y al día de hoy, a pesar de las declamaciones oficiales, el Ejecutivo no ha podido justificar sus movimientos.
El descarado movimiento gozó de amplia cobertura de los medios de comunicación locales que avalaban el desfalco sin cuestionar la completa ilegitimidad de las acciones del intendente Rojas y su secretario de Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis. Al día de hoy sobre ambos pesa la amenaza de proceso penal por las irregulareidades constatadas por la Justicia.
No ha sido el único caso en el que el intendente facilitó negociados turbios. Otro amparo detuvo el intento de entrega de terrenos del Vivero Municipal para que privados vinculados a la Escuela de Deportes Villa Díaz Vélez construyeran canchas de tenis para su explotación. Tal ha sido la falta de respeto a los bienes públicos por parte de Rojas y compañía que recientemente abrieron una zanja en ese lugar para desagüar el anegamiento de Avenida 10 causado por trabajos mal ejecutados en la instalación de la sede de la Policía Montada justo delante de los terrenos que querían entregar.
En otra oportunidad la gestión entregó el parador integrador construído por el gobierno provincial para dar servicios gratuitos a los vecinos en avenida 2 casi Pinolandia y lo convirtió en un bar para un amigo. Y no sólo eso, luego habilitó en la concesión la instalación de un salón de fiestas que fue presentado como un balneario. Todo el sector, antes de acceso público, ahora lo explota un concesionario que fue ampliamente favorecido por contratos con el municipio. El lugar incluso llegó a servir agua contaminada a sus clientes y siguió funcionando como si nada.
La entrega de concesiones a oferentes únicos ha sido una característica notoria de los negocios que habilitó el intendente Arturo Rojas en la línea costera de Necochea y Quequén con características de igual tenor. Al menos 8 concesiones fueron entregadas de manera directa (sin puja entre oferentes) favoreciendo intereses vinculados a la gestión. Ahora con el movimiento en las parrillas la cosa ha ido más lejos: no sólo todavía ni siquiera se conocen los pliegos y condiciones, sino que el oferente ya hace trabajos por su cuenta destruyendo el patrimonio público sin control y a la vista de todos.