El Gobierno nacional autorizó una nueva emisión de deuda para asistir financieramente al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en medio de crecientes conflictos con médicos, prestadores y proveedores por falta de pagos y demoras en las prestaciones.
La medida quedó oficializada a través de la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, que habilita un aporte reintegrable superior a los $580 mil millones destinado a sostener el funcionamiento de la obra social de jubilados y pensionados.
Uno de los puntos que más llamó la atención de la normativa es que el propio Gobierno reconoce en los considerandos la “crítica situación financiera” que atraviesa el organismo.
Según detalla la resolución, los fondos tendrán como objetivo “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.
En términos concretos, la administración nacional recurrirá a nueva deuda mediante la ampliación de emisiones de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS), con vencimientos previstos durante 2026.
La decisión busca descomprimir la delicada situación que enfrenta el PAMI, luego de reiterados reclamos por atrasos en pagos, suspensión de servicios y dificultades en el acceso a medicamentos y atención médica.
En distintos puntos del país ya comenzaron a registrarse problemas en la atención a afiliados debido a la acumulación de deudas con profesionales y centros de salud.
Incluso, entidades médicas advirtieron sobre el deterioro del sistema. Desde el Colegio de Médicos bonaerense señalaron que “el Estado está empujando a los prestadores a retirarse de las cartillas”, en referencia a la situación económica que atraviesan quienes trabajan con la obra social.
A mediados de abril también se profundizó el conflicto con los profesionales nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), que llevaron adelante un paro nacional de 72 horas.
Durante la protesta denunciaron que el PAMI abonaba apenas $2.100 por consulta médica y reclamaron una urgente actualización de honorarios.
Con esta asistencia extraordinaria, el Ejecutivo intenta sostener el funcionamiento del PAMI y evitar una mayor escalada del conflicto con prestadores y afiliados.
En medio de la polémica, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que “fueron meses difíciles porque nosotros bajamos muchos impuestos”, al referirse al contexto económico que atraviesa el Estado nacional.
Mientras tanto, crece la preocupación entre jubilados y pensionados por el impacto que la crisis financiera del organismo pueda tener sobre la cobertura médica y la continuidad de las prestaciones.