El Gobierno envió su polémica Ley de Sociedades al Congreso

El Gobierno de Javier Milei anunció el envío al Congreso de la Nación de un proyecto para reformar la Ley General de Sociedades. Según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, esta iniciativa busca "adaptar el derecho societario a las exigencias de la economía del siglo XXI y fomentar la inversión extranjera". La propuesta pretende transformar un régimen que se considera "rígido y anacrónico" en un marco moderno basado en la "autonomía, la libertad y la desregulación".

El objetivo central de la reforma es terminar con la tutela del Estado sobre la organización de los negocios privados. Bajo este nuevo esquema, el estatuto de la sociedad prevalecerá sobre la ley, la cual pasará a tener un carácter meramente supletorio. En este sentido, las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva, impidiendo que los registros públicos dicten resoluciones que limiten lo que la ley permite.

El proyecto también elimina trabas burocráticas al permitir un objeto social amplio y plural, sin necesidad de que las actividades declaradas tengan conexión entre sí. De hecho, si el estatuto no especifica actividades, se entenderá que la sociedad puede realizar cualquier tarea lícita. Un cambio significativo es la posibilidad de someter conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional, así como incluir cláusulas arbitrales para evitar la lentitud de la justicia tradicional, siguiendo modelos de éxito como el de Dubai.

Finalmente, la reforma impulsa la digitalización plena de las sociedades. Se permitirá el uso de domicilios electrónicos, libros y registros digitales, asambleas a distancia y la constitución de empresas mediante firma digital.