A pesar del avance en las negociaciones con los rectores para recomponer salarios y partidas, el Gobierno nacional planea insistir con una nueva Ley de Financiamiento Universitario que sea discutida durante el tratamiento del Presupuesto 2027. El objetivo central del oficialismo es que el esquema de partidas universitarias esté integrado al presupuesto general y cuente con fuentes de financiamiento específicas, algo que cuestionan de la legislación vigente.
El acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se negocia actualmente, contempla un incremento de la masa salarial del 24,33%, compuesto por un 21,33% en junio y un 3% en octubre. El acta en borrador también prevé una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento a partir de junio de 2026, un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Además, el Ejecutivo se comprometería a convocar a paritarias con una periodicidad no mayor a tres meses.
Sin embargo, la tregua es parcial. Las universidades no retirarán su demanda ante la Corte Suprema, ya que consideran que el auxilio económico no anula el reclamo por la aplicación de la ley vigente. Por su parte, el Gobierno teme que un fallo judicial adverso lo obligue a ejecutar fondos que pongan en riesgo el superávit, especialmente tras haber aplicado un recorte de $2,5 billones que afectó infraestructura y programas educativos.Para la Casa Rosada, este entendimiento es una vía para descomprimir el conflicto sin resignar su postura de fondo sobre el control del gasto público.