La Cámara de Diputados bonaerense dio un paso decisivo para garantizar la transparencia y previsibilidad en los surtidores. La Comisión de Legislación General, presidida por Rubén Eslaiman, otorgó despacho favorable al proyecto de ley que obliga a las empresas petroleras y estaciones de servicio a informar los aumentos de precios antes de su aplicación efectiva. La iniciativa, impulsada por la diputada Ayelén Rasquetti, busca restaurar derechos tras la eliminación de normativas nacionales que anteriormente exigían estos avisos previos.
El articulado de la norma establece plazos claros para los actores del sector: las empresas abastecedoras deberán comunicar cualquier modificación en los valores con 72 horas de anticipación. Por su parte, las estaciones de servicio tendrán la obligación de alertar al público mediante cartelería visible con al menos 48 horas de antelación. "Los consumidores tienen derecho a saberlo antes y no enterarse cuando llegan al surtidor", sentenció Rasquetti, aclarando que la medida no busca fijar precios ni intervenir el mercado, sino asegurar el acceso a información clara sobre un insumo esencial.
No obstante, la propuesta enfrentó la oposición del bloque de La Libertad Avanza. Los diputados libertarios, encabezados por Agustín Romo, cuestionaron la medida por considerar que tiende a "regular el precio". Esta postura generó controversia en la comisión, dado el conocimiento público de que la familia de Romo posee estaciones de servicio desde hace años.
Pese a las críticas, el proyecto continúa su recorrido parlamentario. El objetivo final es consolidar una herramienta de protección para los bonaerenses, permitiéndoles tomar decisiones con mayor previsibilidad ante un producto que resulta indispensable para la vida cotidiana y la actividad comercial en toda la provincia.