La Justicia ordenó reparar un tramo crítico de la Ruta 3: El Estado deberá actuar de urgencia por el deterioro del camino

La creciente preocupación por el estado de las rutas nacionales sumó un nuevo capítulo judicial. La Cámara Federal de Mar del Plata ordenó al Estado nacional intervenir de manera urgente sobre un tramo de la Ruta Nacional Nº 3, luego de considerar que el deterioro de la calzada representa un riesgo concreto para miles de conductores que circulan diariamente entre las localidades bonaerenses de Azul y Cacharí.

La resolución revierte una decisión tomada en primera instancia por el Juzgado Federal N° 2 de Azul, que había rechazado la medida cautelar solicitada por el municipio. Sin embargo, los camaristas entendieron que existen pruebas suficientes para justificar una intervención inmediata mientras continúa el proceso judicial principal.

La Justicia obliga a Vialidad Nacional a presentar un plan de obras

El fallo alcanza tanto a la Dirección Nacional de Vialidad como a Corredores Viales S.A., organismos que deberán elaborar y presentar un plan detallado de trabajo en un plazo de diez días hábiles.

Ese programa deberá incluir:

• Las prioridades de intervención.
• El cronograma de ejecución.
• Los responsables de cada tarea.
• Las medidas de contingencia previstas.

Además, la Justicia fijó un plazo máximo de 120 días corridos para ejecutar las acciones previstas, que estarán bajo control judicial mediante informes mensuales sobre el avance de las tareas.

Baches, hundimientos y falta de señalización

Uno de los aspectos centrales que tuvo en cuenta la Cámara Federal fueron los informes técnicos incorporados al expediente, entre ellos relevamientos realizados por la Policía Federal Argentina.

Los documentos describen un escenario preocupante sobre la Ruta Nacional 3, donde se detectaron:

• Baches de gran profundidad.
• Hundimientos de la carpeta asfáltica.
• Deformaciones provocadas por el tránsito pesado.
• Huellas marcadas sobre la calzada.
• Deficiencias en la señalización horizontal y vertical.

Según los jueces, estas condiciones aumentan significativamente el riesgo de accidentes, especialmente durante la noche o en jornadas con malas condiciones climáticas.

Once siniestros viales en apenas seis meses

Otro dato que resultó determinante para la resolución judicial fue la cantidad de accidentes registrados recientemente.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, en los últimos seis meses ocurrieron once siniestros viales en el tramo comprendido entre Azul y Cacharí.

Para los magistrados, esa estadística evidencia que el peligro no es hipotético sino actual, por lo que corresponde adoptar medidas preventivas antes de que se produzcan consecuencias aún más graves.

Qué trabajos deberá realizar el Estado

Mientras se define el fondo del amparo, la Justicia ordenó implementar una serie de acciones inmediatas destinadas a reducir el riesgo para quienes utilizan la Ruta Nacional 3.

Entre las medidas exigidas figuran:

• Colocación de carteles preventivos.
• Refuerzo de la señalización.
• Balizamiento en sectores críticos.
• Instalación de elementos que mejoren la visibilidad nocturna.
• Reducción preventiva de velocidades.
• Reparaciones provisorias en los sectores más deteriorados.
• Desvíos o restricciones parciales cuando las condiciones del camino lo hagan necesario.

La intención del tribunal es minimizar los riesgos hasta que puedan ejecutarse obras de mayor envergadura.

La Cámara recordó el deber del Estado de prevenir daños

En los fundamentos del fallo, los jueces aclararon que la medida cautelar no implica resolver quién será finalmente responsable del mantenimiento de la ruta.

Lo que busca la resolución es impedir que continúen ocurriendo accidentes mientras avanza el proceso judicial.

Para sostener esa postura, la Cámara citó antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establecen que quienes administran servicios relacionados con la seguridad pública deben adoptar todas las medidas razonables para prevenir riesgos previsibles.

También invocó el deber de prevención del daño contemplado en el Código Civil y Comercial, entendiendo que la actuación preventiva resulta indispensable cuando existe un peligro concreto para la población.

El deterioro de las rutas nacionales vuelve al centro del debate

La resolución judicial llega en un momento de fuertes cuestionamientos por el estado general de la infraestructura vial argentina.

Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) advirtieron recientemente que más del 70% de las rutas nacionales se encuentra en estado regular o malo.

Según la organización gremial, el deterioro responde a una combinación de factores como la caída de la inversión pública, la paralización de obras de mantenimiento y la reducción de recursos destinados al organismo.

Su secretario adjunto, Fabián Catanzaro, calificó la situación como uno de los peores momentos históricos para Vialidad Nacional y alertó sobre las consecuencias que esa realidad tiene sobre la seguridad vial.

Preocupación en pleno inicio de las vacaciones de invierno

El fallo adquiere todavía mayor relevancia porque coincide con el comienzo del receso invernal en gran parte del país.

Durante estas semanas aumenta considerablemente el tránsito sobre las rutas nacionales debido al desplazamiento de miles de familias hacia distintos destinos turísticos, especialmente desde la provincia de Buenos Aires hacia la Costa Atlántica y otros centros vacacionales.

En ese contexto, el estado de las rutas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública por el impacto directo que tiene sobre la seguridad de los viajeros.

Reclamos por otras rutas deterioradas

La situación de la Ruta Nacional 3 no constituye un caso aislado.

En los últimos meses también crecieron las críticas por el estado de la Ruta Nacional 5, particularmente en el tramo entre Mercedes y Suipacha, donde las obras quedaron prácticamente paralizadas pese al importante nivel de avance que registraban.

La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza reclamó en reiteradas oportunidades la reactivación de esos trabajos y sostuvo que abandonar la obra pública compromete tanto la seguridad vial como el desarrollo productivo del interior.

Las críticas se intensificaron luego del último fin de semana largo, cuando un hundimiento en el kilómetro 281 de la Ruta 5, en el partido de 9 de Julio, provocó daños en varios vehículos y obligó a restringir el tránsito tras la rotura de una alcantarilla.

Un fallo que puede marcar un precedente

Más allá del caso puntual entre Azul y Cacharí, la decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata podría transformarse en un antecedente importante para otros reclamos vinculados al deterioro de la red vial nacional.

La resolución vuelve a instalar el debate sobre las obligaciones del Estado en materia de mantenimiento de rutas y coloca bajo la lupa la política de infraestructura vial en un contexto de obras paralizadas y crecientes cuestionamientos por la seguridad de los corredores nacionales.

Ahora, Vialidad Nacional y Corredores Viales deberán responder ante la Justicia con un plan concreto y comenzar a ejecutar acciones que permitan reducir los riesgos en uno de los tramos más cuestionados de la Ruta Nacional 3.