Agosto marcará el inicio de un intenso debate legislativo en torno a las modificaciones de la Ley de Inocencia Fiscal. El peronismo, a través del interbloque Justicialista y Unión por la Patria, busca introducir cambios de clave para garantizar la transparencia y la integridad en la gestión pública.
El senador Fernando Salino presentó iniciativas para impedir que los funcionarios accedan a la exteriorización de activos hasta dos años después de haber dejado su cargo. Esta medida cobró relevancia tras la polémica adhesión al régimen del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Por su parte, el diputado Eduardo Valdés argumentó que permitir estos beneficios a quienes administran recursos públicos contradice principios básicos de ética y podría facilitar el ocultamiento patrimonial.
Desde el Poder Ejecutivo, el vocero Adrián Ravier defendió la normativa como un "hecho de justicia" para los contribuyentes que eran tratados como delincuentes preventivos. El ministro de Economía, Luis Caputo, impulsa cambios técnicos para eliminar topes de patrimonio y así captar parte de los 170.000 millones de dólares que se encuentran fuera del sistema formal.