El Gobierno nacional decidió endurecer la política migratoria y oficializó un nuevo decreto que permitirá impedir el ingreso o expulsar del país a extranjeros que promuevan mensajes de odio contra los argentinos, inciten a la violencia por motivos de nacionalidad o participen en actos de ultraje a los símbolos patrios.
La medida quedó establecida a través del DNU 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones e incorpora estas conductas como nuevas causales para rechazar el ingreso al territorio argentino o cancelar una residencia ya otorgada.
La decisión llega después de una serie de episodios que se viralizaron en redes sociales durante el último Mundial de la FIFA, donde aparecieron publicaciones y videos con agravios dirigidos contra la Argentina y sus ciudadanos.
Con esta modificación, Migraciones podrá actuar contra quienes:
Si una persona extranjera ya reside en el país y queda alcanzada por estas causales, las autoridades podrán cancelar su residencia y exigirle que abandone la Argentina dentro de un plazo determinado o directamente avanzar con su expulsión.
Antes de que el decreto apareciera publicado en el Boletín Oficial, la Presidencia difundió un mensaje en la red social X donde sostuvo que "quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".
Desde el Gobierno aseguraron que la defensa de la Nación, sus ciudadanos y sus símbolos "no es negociable" y justificaron la medida por el aumento de expresiones de odio y hostilidad registradas en los últimos meses.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo remarca que la Argentina sigue siendo un país abierto a la inmigración, pero recuerda que el Estado tiene la facultad de fijar condiciones para admitir o mantener la residencia de extranjeros cuando están en juego la seguridad, el orden público y la convivencia.
Además, sostiene que hubo un crecimiento de mensajes de odio dirigidos contra la identidad nacional y que los símbolos patrios merecen una protección especial frente a actos de agravio.
El decreto también aclara que no busca limitar la libertad de expresión. Es decir, las críticas políticas, el debate de ideas o el disenso ideológico seguirán estando protegidos por la Constitución.
Según el Gobierno, la medida apunta exclusivamente a los casos de incitación al odio, discriminación o violencia y se apoya en los criterios establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.