El Puerto Quequén enfrenta una parálisis operativa significativa tras la publicación del Decreto 690/2026, que desregula profundamente el servicio de practicaje en Argentina. La medida, oficializada el 31 de julio de 2026, desató un cese de actividades por parte de los prácticos, quienes denuncian que la norma vulnera la seguridad náutica y la soberanía sobre las vías navegables.
El conflicto se centra en la eliminación de cupos para profesionales y la autorización para que capitanes extranjeros prescindan del asesoramiento técnico local si acreditan conocimiento de la zona. Mientras el ministro Federico Sturzenegger defiende el decreto como una herramienta para desarmar "kioscos" y reducir costos logísticos, los trabajadores advierten sobre el riesgo de desastres ecológicos y una flexibilización laboral extrema.
Actualmente, la interrupción del servicio genera demoras críticas en las maniobras de los buques que operan en Quequén y el Gran Rosario. En respuesta, el Gobierno ha desplegado intimaciones a través de la Prefectura Naval, amenazando con denuncias penales y la revocación de licencias a quienes interrumpan este servicio. El sector marítimo ya prepara amparos judiciales, manteniendo la actividad portuaria nacional condicionada y en estado de alerta.