El Gobierno nacional decidió suspender la aplicación del decreto 690/2026, la norma que buscaba desregular la actividad de los prácticos, y alcanzó un acuerdo con el sector que permitió desactivar el conflicto que mantenía en tensión a la operatoria portuaria argentina.
Como parte del entendimiento, las partes acordaron una reducción del 20% en las tarifas del servicio de practicaje y la conformación de una mesa técnica que analizará el esquema de costos y el funcionamiento de la actividad.
La decisión permitió reanudar las tareas de asistencia a la navegación y comenzar a normalizar el movimiento de buques en los distintos puertos del país, luego de varios días de incertidumbre.
La suspensión del decreto llegó después de una creciente preocupación de las cámaras empresarias y del sector exportador, que habían advertido sobre el fuerte impacto económico provocado por las demoras en la navegación.
Según estimaciones difundidas durante el conflicto, más de 45 buques permanecían demorados en distintos puntos del país, mientras la cantidad de embarcaciones en espera aumentaba día tras día.
Cada jornada de inactividad implicaba un costo de entre 50.000 y 100.000 dólares por barco, producto de penalidades contractuales, gastos operativos y retrasos en la cadena logística, una situación que amenazaba con afectar el comercio exterior argentino.
Los prácticos cumplen una función esencial para la seguridad de la navegación comercial, ya que son los profesionales encargados de asistir a los capitanes durante las maniobras de ingreso y egreso de los puertos.
Su conocimiento específico de canales, mareas, corrientes y características de cada zona resulta indispensable para operar con seguridad, especialmente en terminales de alta complejidad como el Puerto de Buenos Aires y Dock Sud, donde actualmente se desempeñan apenas 24 especialistas.
El entendimiento alcanzado entre el Gobierno y los representantes del sector contempla la creación de una mesa de trabajo que evaluará el actual esquema de tarifas y propondrá eventuales modificaciones.
El presidente de la Cámara de Practicaje y Pilotaje, John Ryan, confirmó que los profesionales retomaron sus tareas tras una reunión en la que también participaron autoridades nacionales, entre ellas la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Por su parte, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales aclaró que nunca promovió una medida de fuerza ni emitió instrucciones para interrumpir la prestación del servicio.
En medio de las negociaciones, el Ministerio de Desregulación difundió un informe comparativo sobre los valores del practicaje en distintos países.
De acuerdo con ese documento, un buque tipo Panamax abona entre 1.500 y 4.700 dólares por este servicio en puertos internacionales, mientras que en la Argentina las tarifas oscilan entre 9.364 y 16.903 dólares, una diferencia que el Ejecutivo considera excesiva y que motivó la revisión del esquema vigente.
Con la suspensión del decreto 690/2026 y el acuerdo alcanzado con los prácticos, el Gobierno busca restablecer plenamente la actividad portuaria, reducir los costos logísticos y evitar nuevas interrupciones que puedan afectar las exportaciones y el abastecimiento.
La reanudación del servicio representa un alivio para el comercio exterior argentino, que durante los últimos días había advertido sobre las consecuencias económicas de un conflicto que amenazaba con profundizar los problemas en la cadena logística nacional.