La discusión de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado tuvo una contundente respuesta en las calles. Desde el mediodía, decenas de miles de personas se concentraron frente al Congreso Nacional para exigir el rechazo total del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei, en una de las manifestaciones más numerosas de los últimos meses.
Ni la intensa lluvia que castigó durante buena parte de la jornada logró frenar la convocatoria. La Plaza Congreso quedó completamente ocupada y la movilización se extendió por la Avenida de Mayo hasta la 9 de Julio y por distintos sectores de la avenida Callao.
Con banderas argentinas y carteles con consignas como "La patria no se vende" y "La tierra no se vende", los manifestantes expresaron su rechazo a una iniciativa que, según denunciaron, representa una amenaza para la soberanía nacional, el acceso a la vivienda y la protección del territorio.
Horas antes de la sesión, el Gobierno decidió retirar del proyecto el artículo que habilitaba la venta de tierras rurales a extranjeros, uno de los puntos que había generado mayor rechazo social.

Sin embargo, la decisión no desactivó la protesta. Las organizaciones convocantes sostuvieron que la ley seguía incluyendo aspectos considerados perjudiciales, entre ellos la posibilidad de acelerar desalojos de inquilinos morosos, modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y limitaciones a la capacidad del Estado para realizar expropiaciones.
Por ese motivo, el reclamo se mantuvo con una consigna clara: exigir que el Senado rechazara la iniciativa en su totalidad.
La protesta reunió a sindicatos, organizaciones sociales, movimientos ambientales, agrupaciones de jubilados, partidos políticos, pueblos originarios y miles de personas que asistieron de manera independiente.
También participaron colectivos surgidos en las últimas semanas a través de las redes sociales, conformados por ciudadanos autoconvocados que comenzaron a organizarse frente al avance del proyecto oficial.
El clima durante las primeras horas fue de movilización pacífica. Hubo intervenciones artísticas, espectáculos musicales, distribución de alimentos y distintas expresiones culturales que acompañaron la jornada mientras avanzaba el debate parlamentario.
Entre los asistentes también estuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien cuestionó con dureza la iniciativa oficial y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, tendría para el patrimonio nacional.
El escenario cambió por completo cerca de las cinco de la tarde.
Sin que la multitud se hubiera retirado, las fuerzas federales comenzaron un operativo para desalojar la Plaza Congreso, avanzando con camiones hidrantes, gases lacrimógenos y un fuerte despliegue policial.

La intervención provocó corridas y escenas de tensión que rápidamente se extendieron hacia la Avenida de Mayo, Callao y distintos sectores del centro porteño.
A pesar del operativo, numerosos manifestantes intentaron regresar una y otra vez a las inmediaciones del Congreso. En distintos momentos volvieron a entonar el Himno Nacional y cánticos históricos mientras denunciaban el accionar de las fuerzas de seguridad.
La represión dejó un saldo de varios heridos y al menos once personas detenidas, según informaron fuentes policiales.
Entre los casos más graves se encuentra el de una fotoperiodista que recibió un fuerte golpe en la cabeza mientras realizaba la cobertura de la movilización. La joven sufrió un traumatismo de cráneo y debió ser trasladada a un hospital tras presentar sangrado en uno de sus oídos.
Otro manifestante sufrió un impacto en uno de sus ojos, presuntamente provocado por una bala de goma.
Diversos organismos de derechos humanos y sectores de la oposición denunciaron además que efectivos dispararon proyectiles directamente contra los manifestantes, una modalidad cuestionada por especialistas debido a los protocolos establecidos para el uso de armamento considerado "menos letal".
Con el correr de la tarde, el rechazo al Gobierno de Javier Milei se convirtió en el eje central de la protesta.
Las consignas en defensa de la soberanía nacional, la tierra y el patrimonio público dominaron una movilización que también recuperó símbolos vinculados al reclamo por las Islas Malvinas y que expresó un creciente malestar frente a las políticas impulsadas por la Casa Rosada.
Aunque el Gobierno había intentado desactivar parte del conflicto retirando el artículo más cuestionado del proyecto, la masiva convocatoria frente al Congreso dejó en evidencia que el rechazo social se extendió al conjunto de la iniciativa.
La jornada terminó con una postal marcada por la violencia del operativo policial, decenas de heridos, personas detenidas y un clima de fuerte tensión política que volvió a instalar el debate sobre la respuesta del Gobierno frente a las protestas sociales.