La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) oficializó este viernes una reducción del 20% en las tarifas máximas de practicaje y pilotaje, una medida clave dentro del acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y los representantes del sector para poner fin al conflicto que afectó la operatoria de los puertos argentinos.
La decisión fue establecida mediante la Resolución 46/2026, publicada en el Boletín Oficial, y representa uno de los principales compromisos asumidos durante las negociaciones que permitieron restablecer el servicio de practicaje luego de varios días de tensión.
Con esta medida, el Ejecutivo busca garantizar la normalización de la actividad portuaria y reducir los costos asociados a un servicio esencial para el ingreso y egreso de buques en el país.
La resolución establece que la rebaja del 20% se aplicará sobre las tarifas máximas previstas en el Régimen de Tarifas Máximas vigente desde 2018.
De esta manera, la ANPyN dio forma administrativa al acuerdo alcanzado con los prácticos y pilotajes, convirtiendo en una norma de aplicación inmediata el descuento comprometido durante las negociaciones.
La reducción tendrá carácter transitorio y permanecerá vigente mientras continúe suspendida la reforma del sistema de practicaje dispuesta por el Gobierno nacional.
La medida fue aceptada por las principales entidades vinculadas a la actividad.
Tanto la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje como la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante expresaron su conformidad con la reducción de los aranceles, en el marco del acuerdo que permitió destrabar el conflicto portuario.
Ese consenso fue determinante para reactivar el servicio y comenzar a normalizar la operatoria en los puertos del país.
La crisis se desató luego de la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno impulsó una profunda modificación del régimen de practicaje vigente desde 1991.
La iniciativa, promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, buscaba flexibilizar el acceso a la actividad y eliminar regulaciones consideradas obsoletas para fomentar una mayor competencia entre los prestadores.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los prácticos, que advirtieron sobre posibles riesgos para la seguridad de la navegación y cuestionaron los cambios introducidos. El desacuerdo derivó en medidas que afectaron el normal funcionamiento del transporte fluvial y marítimo, generando demoras en la operatoria de numerosos buques y preocupación en el sector exportador.
Frente al agravamiento del conflicto, el Gobierno decidió suspender temporalmente los efectos del Decreto 690/2026 mediante el Decreto 716/2026, restableciendo el marco regulatorio anterior mientras avanzan las negociaciones.
Como parte del entendimiento alcanzado entre las partes también se resolvió crear una Mesa de Trabajo Intersectorial, que tendrá la misión de elaborar un nuevo reglamento consensuado para la actividad de practicaje y pilotaje.
El acuerdo contempla tres ejes centrales: la reanudación inmediata del servicio, la suspensión de la desregulación y la reducción provisoria del 20% en las tarifas máximas.
Con la oficialización de esta rebaja, el Gobierno apuesta a consolidar la normalización de la actividad portuaria, garantizar la continuidad de un servicio estratégico para el comercio exterior y avanzar en una nueva regulación que cuente con el respaldo de todos los actores involucrados.