La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento del intendente de Maipú, Matías Rappallini, en una investigación por presuntas maniobras destinadas a impedir que vecinos del distrito pudieran votar en las elecciones de 2019. También quedó alcanzada por la resolución la intendenta interina Lorena Otermín.
La investigación judicial se concentra en los comicios generales del 27 de octubre de 2019, cuando Rappallini consiguió renovar su mandato por un margen extremadamente ajustado.
El entonces intendente obtuvo 4.212 votos, mientras que el candidato opositor Carlos Coudannes alcanzó los 4.163 sufragios. La diferencia fue de apenas 49 votos.
Después de la elección comenzaron a presentarse denuncias de vecinos que aseguraban haber sido privados de sus documentos de identidad y que, como consecuencia de esa situación, no pudieron concurrir a votar.
Con el avance del expediente, la Justicia reconstruyó una presunta estructura que habría involucrado a al menos 27 personas.
Según los testimonios incorporados a la causa, distintos vecinos habrían recibido ofrecimientos de dinero, alimentos, materiales para la construcción, colchones, asistencia social o gestiones ante el municipio a cambio de entregar sus documentos.
La investigación también incorporó denuncias de mayor gravedad.
Trabajadores vinculados a una cooperativa municipal señalaron que habrían recibido amenazas relacionadas con la continuidad de sus empleos si se negaban a entregar el DNI.
Además, surgieron testimonios sobre personas que eran acompañadas hasta los lugares de votación y sobre mecanismos destinados a controlar que determinados electores colocaran en el cuarto oscuro la boleta del oficialismo.
Para la Justicia, esas conductas no quedarían limitadas a prácticas de clientelismo político, sino que podrían haber afectado directamente la libertad de los electores y el ejercicio del derecho al voto.
Uno de los principales elementos que atraviesa la causa es la estrecha diferencia registrada en aquella elección.
Rappallini retuvo la intendencia por 49 votos, mientras que la investigación judicial detectó denuncias de al menos 27 personas que habrían sido impedidas de ejercer su derecho al sufragio.
La oposición presentó una denuncia poco después de los comicios y pidió que se impugnara la elección. En aquel momento, Rappallini rechazó las acusaciones y sostuvo que se trataba de una maniobra destinada a cuestionar su triunfo.
La investigación penal, sin embargo, continuó durante los años siguientes y sumó testimonios, registros de comunicaciones y otros elementos de prueba.
En abril de 2026, el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla procesó a Rappallini y a Otermín y dispuso además un embargo sobre sus bienes por una suma cercana a los 30 millones de pesos.
Ahora, la Cámara Nacional Electoral confirmó esos procesamientos.
La acusación se encuentra encuadrada en los artículos 137 y 140 del Código Nacional Electoral, relacionados con la retención indebida de documentos y las maniobras destinadas, mediante engaños u otros mecanismos, a inducir a una persona a abstenerse de votar.
El tribunal destacó que el DNI cumple una función fundamental durante una elección, ya que permite acreditar la identidad del elector y ejercer el derecho al sufragio. Por ese motivo, consideró que la retención deliberada del documento puede afectar de manera directa la libertad electoral.
El expediente también vuelve a poner bajo la lupa la extensa presencia de la familia Rappallini en la política de Maipú.
Matías Rappallini llegó a la intendencia en 2015, luego de suceder a su hermano Aníbal, quien había gobernado el distrito durante los ocho años anteriores.
En 2023 consiguió acceder a un tercer mandato consecutivo.
Sin embargo, en junio de 2024 solicitó una licencia por tiempo indeterminado y sin goce de sueldo para dedicarse a la administración de Gigot Cosméticos, empresa perteneciente a su familia.
Desde entonces, Lorena Otermín quedó al frente del Ejecutivo municipal. Pese a ello, la Municipalidad de Maipú continúa identificando oficialmente a Rappallini como intendente, aunque actualmente se encuentra en uso de licencia.
La causa electoral no comenzó con el procesamiento del actual intendente. El expediente avanzó durante varios años y entre 2022 y 2023 ya habían sido procesadas otras personas vinculadas al municipio por hechos similares.
Esos procesamientos también fueron confirmados por la Cámara Nacional Electoral, que consideró acreditada la existencia de un mecanismo organizado destinado a intervenir sobre el proceso electoral.
Durante 2025, la investigación avanzó hacia un pedido de elevación a juicio, mientras que en 2026 la Fiscalía solicitó nuevas declaraciones indagatorias.
La confirmación del procesamiento de Rappallini constituye así uno de los principales capítulos de una causa que comenzó a partir de las denuncias posteriores a las elecciones de 2019.
La situación judicial de Rappallini debe ser diferenciada de una condena. El intendente se encuentra procesado, pero no condenado, y la investigación continúa su curso.
El dato que vuelve particularmente relevante el expediente es la combinación entre el estrecho resultado electoral de 2019 y las denuncias que sostienen que decenas de vecinos habrían sido privados de la posibilidad de votar.
A casi siete años de aquella elección, la Justicia volvió a poner bajo la lupa el triunfo de Rappallini en Maipú y las presuntas maniobras que, según la investigación, habrían condicionado el derecho al sufragio de vecinos del distrito.