Denuncian a 4 funcionarios municipales por la destrucción de patrimonio público y una red de falsificaciones

El Director de Guardaparques, Julián Zugazúa, presentó una denuncia formal ante el Intendente Arturo Rojas, exponiendo una red de falsificaciones, autorizaciones irregulares y violencia física en torno a la eliminación de árboles centenarios en el centro de la ciudad.

Otro escándalo de manejos turbios e irregularidades en la Municipalidad de Necochea tras conocerse un informe detallando desmanejos en el patrimonio de la ciudad. 

En este caso, la denuncia de 10 fojas fue encabezada por el Director de Guardaparques, Julián Zugazúa, quien apuntó directamente contra altos funcionarios por permitir y encubrir la tala ilegal de cuatro ejemplares de plátanos facilitada al Colegio de Abogados de Necochea.

El problema fue ganando volumen en los pasillos del municipio, revelando en primera en el camino una interna que señala que la Secretaría de Legal y Técnica que dirige el inefable Ernesto Povilaitis ha ganado tantas atribuciones que pareciera manejarse por encima de la ley sin que haya mayores consecuencias, pasando por encima de cualquier norma o autoridad y sin rendirle cuentas a nadie.

Por la tala de los 4 árboles frente al Colegio de Abogados son señalados 4 funcionarios municipales y un capataz acusado de agredir fisicamente a un vecino:

- Carlos Adrian Furno, Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, que es señalado por haber brindado información falaz sobre la competencia de Guardaparques y por las irregularidades en el expediente.

- Marcelo Gomez, Director de Infraestructura, por emitir informes técnicos con afirmaciones no acreditadas y presuntamente incorporados con fecha extemporánea o adulterada.

- Gerónimo Gallegos, Subsecretario de Servicios Públicos, quien envió una autorización ilegal para la tala a través de un mensaje de WhatsApp.

- Paula Faramiñán, Subsecretaria Legal y Técnica, por su intervención el día de los hechos intentando ordenar la continuidad de la tala sin documentación respaldatoria.

Además es señalado el capataz de la empresa "Podadores de la Costa", denunciado penalmente por lesiones leves tras agredir a un ciudadano durante el operativo.

Una autorización por "WhatsApp" 

Todo el caso revela las circunstancias siempre irregulares con las que se maneja la gestión del intendente Arturo Rojas, con permanente desprecio a procedimientos formales que luego se "dibujan" en los papeles sin más. Literalmente la gestión se maneja en pos de los intereses de sus amigos y funcionarios y luego se redactan informes y permisos con los hechos consumados.

Uno de los puntos más insólitos del informe revela que la autorización para proceder con la tala a fines de julio pasado no se realizó mediante un acto administrativo formal, sino que el Subsecretario de Servicios Públicos, Gerónimo Gallegos, envió un mensaje de WhatsApp a la empresa "Podadores de la Costa" para dar luz verde a los trabajos el pasado 17 de julio. 

Según la denuncia, este procedimiento es "totalmente irregular por no decir ilegal", ya que no existe normativa que permita a un funcionario extender permisos de este tipo a través de aplicaciones personales.

En el camino, las vinculaciones familiares directas entre la subsecretaria Paula Faramiñan y autoridades del Colegio de Abogados alimentan las suspicacias acerca de la naturaleza de estos manejos. Aparentemente hubo una decisión consciente de destruír patrimonio público con la venia arbitraria (e informal) de los funcionarios que desestimaron normas y procedimientos en virtud de un presunto pago posterior de multas fijadas por las mismas autoridades señaladas.

Documentación bajo sospecha 

El informe de Zugazúa es lapidario respecto a la veracidad de los documentos que integran el expediente Nº 3538/26, donde constaría un procedimiento "dibujado" por los funcionarios para acomodar los hechos a permisos inexistentes.

Se alega que informes técnicos de la Dirección de Infraestructura, firmados por Marcelo Gomez, contienen datos falsos sobre daños en veredas y cañerías que nunca fueron probados con estudios objetivos. 

Más grave aún, se detectaron indicios de que estos documentos fueron incorporados al sistema de gestión de expedientes de manera extemporánea, con sellos que parecen haber sido adulterados para dar apariencia de legalidad a un hecho ya consumado.

Violencia y tensión en la vía pública 

El conflicto escaló el 25 de julio, cuando personal de Guardaparques se constituyó en la calle 62 para detener la tala que se estaba llevando a cabo de forma antirreglamentaria. 

En ese momento, la situación derivó en violencia física: el capataz de la empresa contratada, Federico Manuel Saldaño, habría propinado un golpe de puño a uno de los presentes, dejándolo inconsciente. Por este hecho, se tramita una causa penal por lesiones leves en la UFI 1.

A pesar de la gravedad del incidente y la falta de documentación, la Subsecretaria Legal y Técnica, Paula Faramiñán, se presentó en el lugar y, según el denunciante, intentó ordenar que los guardaparques se retiraran para permitir que la tala continuara, basándose en una imagen digital de un informe que no constituía autorización alguna.

Un daño irreversible 

Desde el punto de vista ambiental, la tala y destrucción del patrimonio público era completamente innecesaria e injustificada. 

A cargo de la Dirección Forestal, la ingeniera Andrea Frigerio aclaró en un informe correspondiente elaborado antes de realizarse la tala que los ejemplares eran "árboles jóvenes" de unos 80 años con una vida útil de hasta 400 años, desmintiendo que estuvieran al final de su ciclo. 

Además, se denunció que lo realizado no fue una "extracción" (desarraigar el árbol), sino una "tala al ras", lo que imposibilita retirar los tocones y garantiza que las raíces sigan creciendo bajo tierra, afectando potencialmente los servicios que supuestamente se querían proteger.

Ante la gravedad de los hechos, Zugazúa solicitó al intendente Arturo Rojas la nulidad del informe administrativo en cuestión y el inicio de una investigación para determinar la responsabilidad administrativa y legal de los funcionarios involucrados. 

"Todos los ciudadanos e instituciones debemos ser iguales ante la aplicación de la normativa vigente", concluye el informe, dejando la pelota en el terreno de la justicia y el ejecutivo municipal mientras algunos de sus funcionarios están siendo observados.