Ruta 5, 7, 8 y 228: Intendentes reclamaron por el deterioro y la falta de mantenimiento

El deterioro de las rutas nacionales volvió a quedar en el centro de la discusión política. Intendentes bonaerenses, funcionarios, legisladores y representantes de víctimas de siniestros viales expusieron ante una comisión de la Cámara de Diputados un escenario atravesado por obras paralizadas, falta de mantenimiento, aumento del tránsito pesado y cuestionamientos al destino de los fondos viales.

La jornada reunió a 23 expositores y puso bajo la lupa el estado de corredores estratégicos como las rutas nacionales 3, 5, 7, 8 y 228, fundamentales para la producción y la conexión de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires con los principales puertos y centros urbanos.

Entre los representantes bonaerenses estuvieron los intendentes Daniel Stadnik, de Carlos Casares; Pablo Garate, de Tres Arroyos; Waldemar Giordano, de Colón; e Iván Villagrán, de Carmen de Areco. También participaron el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, la diputada provincial Ayelén Rasquetti, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y familiares de víctimas de accidentes viales.

Ruta 5: denuncian una situación crítica y más de 200 accidentes

Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con la Ruta Nacional 5, especialmente en el tramo que atraviesa Carlos Casares.

El intendente Daniel Stadnik advirtió sobre el fuerte crecimiento del tránsito pesado y aseguró que actualmente circulan entre 3.500 y 3.800 camiones diarios frente al distrito. A ese volumen se sumó el movimiento vinculado con Vaca Muerta, que incorporó alrededor de 100 camiones por día, con una proyección que podría llevar el tránsito pesado hasta unos 7.000 vehículos diarios.

Stadnik calificó al corredor como “la ruta de la muerte” y señaló que durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron más de 200 accidentes y 21 víctimas fatales.

También cuestionó el estado de las obras de mantenimiento y sostuvo que las intervenciones realizadas hasta el momento no representan una recuperación estructural de la ruta.

El jefe comunal también reclamó por la paralización de las obras correspondientes al tramo comprendido entre los kilómetros 106 y 124, iniciadas durante la gestión anterior.

El proyecto original contemplaba además la construcción de una autovía hasta Bragado, una ruta segura y una autopista en los accesos a Santa Rosa.

Ruta 228: reclamo de Tres Arroyos por el deterioro

Desde Tres Arroyos, el intendente Pablo Garate llevó a la comisión la situación de las rutas nacionales 3 y 228, dos corredores de alta circulación de transporte de cargas debido a su conexión con los puertos de Bahía Blanca y Quequén.

Garate fue contundente al describir el estado de la Ruta 228 y aseguró que nunca había visto al corredor “en el estado lamentable en el que se encuentra”.

El intendente también señaló problemas vinculados con la iluminación, las banquinas y la infraestructura complementaria, además de obras que quedaron inconclusas.

Según explicó, el municipio incluso manifestó su disposición a intervenir con recursos propios para realizar tareas de bacheo, pero no pudo avanzar porque Vialidad Nacional no autorizó la intervención.

Ruta 8: Colón recurrió a la Justicia

El deterioro de la Ruta Nacional 8 fue otro de los ejes de la exposición.

El intendente de Colón, Waldemar Giordano, explicó que desde 2025 el municipio reclama respuestas por problemas relacionados con baches, demarcación, cartelería, banquinas e iluminación, sin obtener soluciones por parte de Vialidad Nacional.

Ante la falta de respuestas, el municipio presentó un amparo judicial para reclamar la reparación del tramo de la ruta que atraviesa el distrito.

Giordano aportó además datos sobre el impacto de los siniestros viales. Según informó, desde enero de 2022 el municipio debió intervenir en 30 accidentes, con un saldo de 60 personas gravemente heridas y 11 fallecidos.

En ese contexto, cuestionó que el objetivo de alcanzar el superávit fiscal implique trasladar responsabilidades y costos hacia provincias y municipios.

Ruta 7: reclaman obras pendientes en Carmen de Areco

El intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, centró su exposición en la Ruta Nacional 7 y reclamó la finalización de distintas obras de infraestructura.

Entre los trabajos pendientes mencionó el distribuidor del kilómetro 138, el puente sobre Carmen de Areco y la conexión hacia Chacabuco.

Villagrán también marcó las diferencias entre el sector de la ruta que cuenta con infraestructura de autovía hacia Capital Federal y el tramo en dirección a Chacabuco y Junín, donde todavía existen sectores de mano y contramano.

El jefe comunal sostuvo que los servicios de emergencia deben intervenir de manera recurrente ante los accidentes registrados en ese corredor y cuestionó, además, la reducción de recursos que reciben los municipios mientras aumentan las responsabilidades locales.

Katopodis cuestionó el destino de los fondos viales

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, llevó la discusión hacia el financiamiento de las rutas nacionales y el destino de los recursos recaudados.

Según expuso, durante la gestión de Javier Milei el impuesto a los combustibles aumentó un 1230%, mientras que el precio de la nafta subió un 550% y la inflación acumulada alcanzó el 330%.

Katopodis afirmó que más de 1,3 billones de pesos recaudados terminaron destinados a títulos públicos y plazos fijos en lugar de aplicarse al mantenimiento y recuperación de la infraestructura vial.

También cuestionó el sistema de peajes y sostuvo que los usuarios terminan pagando dos veces por el mantenimiento de las rutas: primero mediante el impuesto a los combustibles y luego a través de los peajes de las concesiones.

El funcionario bonaerense mencionó además obras sobre las rutas 5 y 3 que contaban con financiamiento de la CAF y que, según su exposición, permanecen paralizadas.

Advierten por el impacto sobre las rutas provinciales

La diputada provincial Ayelén Rasquetti sumó al debate un análisis sobre los recursos generados por el impuesto a los combustibles.

Según explicó, desde la Legislatura bonaerense elaboraron una herramienta para dimensionar el dinero recaudado y plantearon que los recursos generados en territorio bonaerense podrían haber permitido construir alrededor de 6.720 kilómetros de rutas.

Rasquetti también advirtió que el deterioro de las rutas nacionales, combinado con un eventual aumento del peso permitido para los camiones, podría provocar un desvío del tránsito pesado hacia las rutas provinciales.

Ese escenario implicaría mayores costos de mantenimiento para la Provincia y, eventualmente, para los municipios que deben afrontar reparaciones con presupuestos cada vez más limitados.

Reclamo judicial por los fondos del sistema vial

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz informó sobre un amparo colectivo presentado ante la Justicia Federal de La Plata para reclamar la ejecución de recursos destinados al mantenimiento de la red vial.

Durante su exposición cuestionó el destino de los fondos del SisVial y sostuvo que el 90,8% de lo recaudado habría sido colocado en plazos fijos y títulos públicos.

Al igual que Katopodis, señaló que existen obras en las rutas 5 y 3 que cuentan con financiamiento de la CAF y que permanecen sin ejecución.

Las víctimas también reclamaron por el estado de las rutas

La discusión no se limitó a intendentes y funcionarios. También participaron representantes de víctimas de siniestros viales.

Viviana Noemí Romero de Cardoso, integrante del Consejo de Víctimas bonaerense, relató el impacto que los accidentes generan en las familias y planteó la necesidad de incorporar el estado de la infraestructura vial como un factor de riesgo.

Su exposición puso el foco en una dimensión que excede los números de accidentes, obras o fondos: las consecuencias humanas que deja la falta de infraestructura segura.

Una crisis que excede el estado del asfalto

El reclamo de los representantes bonaerenses dejó planteado un diagnóstico que combina rutas nacionales deterioradas, obras paralizadas, crecimiento del tránsito pesado, aumento de los accidentes y cuestionamientos sobre el destino de los recursos viales.

Las rutas 3, 5, 7, 8 y 228 aparecen como algunos de los principales puntos de conflicto. Para los intendentes, el problema ya no se limita al mantenimiento de una calzada o a la reparación de baches.

La discusión involucra directamente la seguridad vial, la producción, el transporte, el funcionamiento de los municipios y la distribución de los recursos públicos.

En ese contexto, los reclamos trasladados al Congreso apuntaron directamente al Gobierno nacional y a Vialidad Nacional, mientras los municipios advierten que la falta de obras termina obligándolos a asumir responsabilidades y costos que exceden sus presupuestos.