Cleptocracia en Necochea: Cabrían dos años de prisión para el mejor amigo del intendente Rojas

Está claro que la corrupción y los manejos turbios en la gestión del intendente Arturo Rojas están a la vista de todos sin que haya demasiado interés de nadie en siquiera impostar una preocupación. Tal es así que a la sucesión de desfalcos evidentes presentados una y otra vez de cara a toda la sociedad, en la Justicia no parece haber llamado la atención mientras las cosas siguen su curso como si nada pasara.

Es que ni el arco político ni la Justicia y, mucho menos, el sistema de medios locales han reaccionado ante la situación: el mejor amigo del intendente Rojas enfrenta un sumario administrativo por presunta falsificación de documentos en un intento de estafa al Consorcio de Gestión de Puerto Quequén para que la terminal afrontara gastos de su factura eléctrica por 14 millones de pesos.

El sumario corresponde a una investigación en la que el Consorcio trata de determinar cómo es que Sergio "Queso" Chico se presentó en la Usina Popular Cooperativa con una presunta nota falsa en la que se lo autorizaba a realizar gestiones para el Puerto ante de la cooperativa eléctrica. Con esa presunta "autorización" Chico solicitó que el Consorcio afrontara una deuda que él mismo tenía en su domicilio por 14 millones de pesos de un plan de pago sobre varias infracciones (conexiones clandestinas a la red).

Por la falsificación de firmas, tanto de documentos públicos como privados, el Código Penal establece en el Artículo 292 penas de cárcel. Para el caso de documentos privados, como sería este el caso (el Consorcio es una empresa público-privada especial creada por ley), las penas van de 6 meses a 2 años de prisión para los responsables. Por lo pronto, todo está enclaustrado en un sumario administrativo de la terminal portuaria aunque aparentemente la Justicia en Necochea todavía no toma conocimiento de la situación.

Naturalizado

El caso de Chico se suma a una extensa lista de situaciones en las que hubo serias irregularidades en lo que va de la gestión de Arturo Rojas, aunque poco y nada parece mover el amperímetro de jueces y fiscales, que aparentemente están solo para lidiar con ladrones de gallinas y rateros de poca monta. Cuando las cosas se ponen realmente pesadas, la Justicia claramente está mirando para cualquier lado.

Es que por ejemplo el intendente llevó adelante una venta del Complejo Casino hace pocos meses en medio de una opacidad pocas veces vista en la ciudad. Dos causas judiciales diferentes establecieron a priori que el equipo legal del intendente no había cumplido con los requerimientos básicos para subastar el complejo (actualmente lo que se hizo equivale a lo mismo que si hubiera vendido el hospital, una plaza o una escuela). Sin embargo, una apelación turbia y express liberó las intenciones del intendente y todo se hizo con la velocidad de un relámpago. En el camino el intendente incluso promovió el escarnio sobre un Juez y en el Colegio de Magistrados no se les movió un pelo.

Y esa situación gravísima es apenas una muestra. Porque durante la gestión Rojas también se hizo un nuevo contrato de la basura que le concedió 1000 millones de pesos en deuda a la concesionaria sin que hayan prestado el servicio (la disposición final de residuos). Es más, producto del nuevo contrato, se prometió la construcción de una planta de tratamiento de residuos que a casi 4 años de haberse celebrado el contrato sólo es un conjunto de cavas y un galpón vacío. Más allá de los reclamos ambientalistas, no parece haber nadie preocupado por la situación.

Los dos ejemplos de magnitud no han revestido mayor atención de los medios locales, que desafortunadamente sólo funcionan como aparato de propaganda del poder de turno. Del mismo modo que la Justicia, en el COncejo Deliberante tienen limitada su acción a ser una sencilla escribanía de los deseos del intendente sin mostrar mayor oposición. Nota aparte merecen actualemnte los concejales libertarios, literalmente pintados al óleo promoviendo ridículos videos hechos con inteligencia artificial para quejarse de un bache, un semáforo despintado o una pérdida de agua en un tanque.

En ese contexto, con la corrupción expuesta a flor de piel y a plena luz del día, abe la reflexión acerca de la naturalidad con la que se desarrollan ciertos eventos en el distrito. ¿Qué clase de autoridad real puede tener un intendente cuya impunidad y falta de transparencia está a la vista de todos sin que haya mayor reacción de ninguno de los organismos de control o elementos de la sociedad civil que podrían observarlo? ¿Acaso es que la corrupción ha llegado a un nivel de naturalidad que es literalemente la nueva forma de gobernar?

No se trata de política, de banderías o de oposición gratuita: aún cuando está delante de todos, la población actúa en completa complicidad, no cómo víctima, sino como testigo silencioso que no sómo no reclama gestión adecuada de los recursos, sino que además ni siquiera se inmuta ante el desfalco evidente. Y después nos preguntamos por qué la ciudad está como está...