Ley Penal Juvenil: La Provincia prepara nuevas plazas y cuestiona la falta de fondos nacionales

La aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil continúa rodeada de tensión política y judicial en la provincia de Buenos Aires. Mientras permanece suspendida por una resolución judicial, el Gobierno bonaerense asegura que avanza con obras y adecuaciones en distintos establecimientos para afrontar el eventual incremento de jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.

José Luis Zerillo, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires, explicó que la administración de Axel Kicillof ya puso en marcha distintas acciones para adaptar el sistema, pese a que todavía no cuenta con partidas presupuestarias específicas provenientes del Estado nacional.

En declaraciones a Palabras más, palabras menos, por LA CIELO, el funcionario rechazó que la Provincia se encuentre incumpliendo la nueva legislación y sostuvo que el objetivo es ampliar la infraestructura disponible sin recurrir al hacinamiento.

La Justicia suspendió la aplicación de la reforma

El conflicto se profundizó luego de que la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, dispusiera la suspensión por 60 días de la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense.

La medida judicial abrió un nuevo frente de discusión entre la Nación, la Provincia y el Poder Judicial, principalmente por las consecuencias que tendría la implementación del nuevo régimen sobre un sistema que ya presenta limitaciones de infraestructura.

Desde el Gobierno bonaerense remarcan que la ampliación del universo de jóvenes alcanzados por las nuevas reglas de punibilidad exige mucho más que una modificación normativa: implica sumar espacios, personal, servicios y recursos para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento.

Buenos Aires concentra la mayor parte de los jóvenes privados de libertad

Zerillo puso el foco en la dimensión que tiene el sistema penal juvenil bonaerense respecto del resto del país.

Según explicó, actualmente existen 348 plazas específicas dentro del sistema de menores de la Provincia, una infraestructura que representa la mayor capacidad instalada del país.

El funcionario señaló además que Buenos Aires concentra aproximadamente el 63% de los jóvenes menores de 18 años privados de su libertad a nivel nacional.

La situación adquiere especial relevancia frente a los datos difundidos por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que contabilizó alrededor de 1.530 jóvenes privados de libertad en territorio bonaerense, distribuidos entre diferentes modalidades y establecimientos.

De acuerdo con esos registros, una parte se encuentra alojada en instituciones dependientes del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, mientras que otro porcentaje está bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense. También existen jóvenes con arresto o prisión domiciliaria.

El escenario evidencia la presión que ya soporta el sistema y explica la preocupación oficial frente a la posibilidad de que aumente la cantidad de personas que deban ser alojadas en establecimientos especializados.

Qué obras prepara la Provincia para ampliar la capacidad

Frente a este escenario, el Gobierno bonaerense asegura que comenzó a utilizar recursos propios para recuperar y ampliar infraestructura destinada al sistema penal juvenil.

Uno de los principales proyectos es el Complejo Abasto, considerado por la gestión provincial como la obra más importante realizada desde la creación del sistema penal juvenil bonaerense.

El complejo contempla seis módulos, cinco destinados al alojamiento y uno para enfermería. Además, contará con una escuela interna y una cancha multipropósito.

El primer módulo ya fue inaugurado junto al gobernador Axel Kicillof, mientras que la finalización del último está prevista para marzo del próximo año.

Refacción de establecimientos históricos

La Provincia también inició trabajos de recuperación integral sobre dos módulos históricos que habían quedado fuera de funcionamiento debido al deterioro de sus instalaciones.

La planificación oficial contempla que esas obras puedan finalizar entre enero y febrero, permitiendo recuperar plazas que actualmente no están disponibles.

Un nuevo espacio en La Matanza

Otro de los proyectos se desarrolla en La Matanza, donde la administración bonaerense recuperó un inmueble perteneciente al Organismo Provincial de Niñez que se encontraba cedido al ámbito penitenciario.

La intención es realizar allí las obras necesarias para adaptar el lugar al sistema de responsabilidad penal juvenil. El plazo estimado para completar la adecuación es de cuatro meses y la expectativa oficial es que pueda comenzar a funcionar en enero.

“No nos vamos a resignar a amontonar jóvenes”

En medio de la discusión por la infraestructura, Zerillo planteó cuál es la posición de la Provincia frente al nuevo escenario.

El funcionario sostuvo que la respuesta no puede limitarse a incrementar la cantidad de plazas sin contemplar las condiciones en las que serán alojados los jóvenes.

La administración bonaerense pretende que las medidas de privación de la libertad se cumplan en establecimientos adecuados, con condiciones que eviten el hacinamiento y reduzcan los niveles de violencia.

El planteo también apunta directamente al Gobierno nacional, al que la Provincia responsabiliza por no haber contemplado el impacto económico de la reforma.

Críticas a la falta de presupuesto nacional

Uno de los principales cuestionamientos de Zerillo está relacionado con el financiamiento necesario para poner en funcionamiento el nuevo esquema.

Según el funcionario, la Nación no asignó fondos específicos para que las provincias puedan afrontar las obras y los recursos necesarios para implementar la reforma.

En ese sentido, cuestionó que se haya establecido un plazo de 180 días para la aplicación integral del nuevo régimen, al considerar que ese período resulta insuficiente para planificar, licitar y ejecutar obras de infraestructura de semejante magnitud.

La Provincia sostiene que no se trata solamente de construir edificios. También será necesario incorporar trabajadores, organizar nuevos servicios y garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento de los establecimientos.

Una reforma que profundiza el debate entre Nación y Provincia

La discusión alrededor de la Ley Penal Juvenil excede así la cuestión estrictamente judicial. El conflicto también expone las diferencias entre el Gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof respecto de quién debe financiar y ejecutar las transformaciones que demanda el nuevo sistema.

Mientras la Nación impulsa la reforma como parte de su política de seguridad, desde la Provincia advierten que una modificación de los criterios de punibilidad tendrá consecuencias directas sobre las administraciones provinciales.

Para Zerillo, la reforma fue impulsada sin una planificación suficiente y sin contemplar las necesidades concretas que implica ampliar el universo de jóvenes que podrían quedar privados de su libertad.

Por ahora, la suspensión judicial mantiene en pausa la aplicación de la norma en territorio bonaerense. Mientras tanto, la Provincia continúa con las obras y adecuaciones que, según sostiene, serán necesarias para evitar que la discusión sobre la Ley Penal Juvenil termine traducida en hacinamiento y falta de condiciones adecuadas para los jóvenes alojados en el sistema.