Basura eterna: Necochea toma agua podrida, el basurero es el más grande de la provincia y el mismo nombre aparece por todos lados

El basurero municipal de Necochea, está ubicado sobre el viejo camino a La Dulce y es uno de los predios de disposición final de residuos más extensos de la provincia de Buenos Aires, podría volver a transformarse en el centro de una fuerte controversia judicial.

A pesar de llevar décasdas en desarreglos, en los últimos días se movieron gestiones en Buenos Aires para reactivar la causa ambiental que se encuentra actualmente en la Corte, en la que se reclama, entre otras cuestiones, que las autoridades respondan por el daño ambiental provocado durante años por la instalación y funcionamiento del basurero sin que se hubieran concretado las obras de mitigación necesarias. La causa, de la que por algún motivo se desentendió la Justicia Federal local, podría regresar al tribunal de la ciudad esperando una inmediata resolusión en virtud de lo grave de la situación.

La historia del conflicto no es nueva. Por el contrario, se trata de una disputa que lleva alrededor de 25 años y que tuvo su origen, entre otros factores, en la falta de ejecución de obras que debían realizarse para prevenir o reducir el impacto ambiental generado por el enorme volumen de residuos acumulados en el predio. Actalmente el basurero está contaminando las napas de agua que los necochenses usan a diario para el consumo.

Obras que nunca llegaron

La instalación y expansión del basurero municipal estuvo atravesada desde sus comienzos por la necesidad de ejecutar trabajos de mitigación ambiental que permitieran evitar que los residuos y sus derivados afectaran el suelo y, especialmente, las napas de agua.

Sin embargo, buena parte de esas obras no fueron debidamente concretadas, lo que ahora se sufre por una fuerte contaminación por la filtración de los lixiviados en el suelo. Para mitigar el daño, los concesionarios debían instalar en su momento una gigantesca platea con zanjas especiales que drenaran los líquidos. El concesionario no realizó los trabajos, la contaminación empezó a afectar a los animales de campos circundantes por el agua contaminada y arrancó un reclamo judicial que lleva un gris de varias décadas.

La situación puntual es la de un prolongado diferendo con el propietario del terreno donde funciona el predio. Carlos Esbensen, dueño de las tierras, inició un reclamo judicial para terminar el contrato por el cual vendía la propiedad cuando solo había cobrado parte de las cuotas pautadas en el pago. Sus animales comenzaron a enfermar por el agua contaminada y cuando inició su reclamo, los pagos se suspendieron aunque el basurero siguió recibiendo basura.

Las negociaciones entre las partes, que en distintos momentos buscaron encontrar una salida al conflicto, terminaron frustrándose y dieron lugar a una trama judicial que se extendió durante décadas.En la causa en cuestión se pueden ver las diferentes tramitaciones que hizo para el concesionario el actual secretario de Legal y Técnica del municipio, Ernesto Povilaitis, de profunda vinculación con el sector basurero.

En 2021 se probó judicialmente que la contaminación afecta a toda la comunidad por el daño ambiental que genera, aunque desde entonces la Comuna no ha hecho más que seguir beneficiando a la empresa con situaciones que rayan lo absurdo, incluso llegando a disponer el pago de la disposición final de residuos por 1000 millones de pesos en 2022, ordenando pagar al concesionario por un servicio que nunca se brindó porque las obras no están hechas y contaminan las napas.

Importante aclaración: para el reconocimiento de esa deuda la Comuna firmó un nuevo contrato con el concesionario de la basura por otro largo período a partir del 2022. Como parte del acuerdo, está pendiente la instalación de una planta recicladora en 86 y 107. Aunque la planta debía estar funcionando operativamente a los 7 meses según el contrato original, en la actualidad el predio es un tinglado, medio sector alambrado y tres cavas. Literalmente en medio de los festejos por el mundial de Fútbol Qatar 2022 la Comuna cedió una deuda de 1000 millones de pesos por un servicio no prestado que hhoy causa un grave perjuicio a toda la comunidad. Artífice del acuerdo y con el mismo patrón de comportamiento está el nombre de Povilaitis, ya no represnetando al concesionario sino a la Comuna... aunque los límites entre uno y otra sean algo difusos en su práctica.

El estudio de 2021 y el agua bajo sospecha

Uno de los capítulos más relevantes de la causa se produjo en 2021, cuando el abogado marplatense Julio Razona logró impulsar la realización de estudios y peritajes sobre el agua en la zona del basurero. El trabajo fue realizado con la participación de un equipo interdisciplinario integrado por especialistas, entre ellos un geólogo, biólogos y otros profesionales, que analizaron las condiciones ambientales del área.

Según los resultados que surgieron de esos estudios, se detectaron y probaron niveles alarmantes de contaminación en el agua vinculados al funcionamiento del predio de disposición final de residuos. El dato consta en el expediente judicial y es de una magnitud trascendental: si la calidad del agua fue afectada, la ciudad entera es en realidad un damnificado de la práctica irresponsable de la empresa y hay actores con responsabilidad civil que podrían ser juzgados incluso penalmente por su accionar.

La información volvió a poner sobre la mesa una pregunta que durante años estuvo presente en el conflicto: ¿cuánto daño ambiental produjo realmente el basurero y cuánto costaría reparar las consecuencias de décadas de acumulación de residuos sin las obras de mitigación correspondientes?

No se trata solamente del suelo ocupado por el basurero. El principal interrogante está en las napas y la aparición de eventuales reclamos de vecinos por la situación sanitaria. Esa una veta de conflicto seguro que las autoridades no deberían desconocer: está claro que actualmente entre los funcionarios de la Comuna no hay nadie realmente interesado en resolver la cuestión y cada día parece más evidente que la intención de cuidar el negocio es mucho mayor que la obligación de cumplir con sus deberes de proteger un ambiente sano para la comunidad.

Una causa que podría volver a moverse

La posibilidad de reactivar la causa que se encuentra en la Corte Suprema podría volver a colocar al Municipio y a otras autoridades involucradas frente a un expediente que, a pesar de sus décadas de antigüedad, mantiene abiertas cuestiones centrales.

El reclamo no se limitaría a establecer responsabilidades históricas. Uno de los puntos fundamentales es la reparación del daño ambiental, una cuestión especialmente compleja cuando los efectos de la contaminación pueden mantenerse y extenderse durante años.

La pregunta es quién deberá hacerse cargo: ¿El Municipio o el Concesionario? De ambos lados del mostrador están los mismos nombres y precisamente por eso es que si la causa regresa de la Corte al Juzgado Federal de Necochea, el juez no podrá desentenderse de nuevo y tendrá la responsabilidad de enfrentar algún fallo que establezca qué es lo que va a pasar.

Si los estudios realizados en 2021 demostraron la existencia de contaminación ambiental de características severas, resulta inevitable preguntarse por qué no existió una intervención más contundente frente a un problema que podría involucrar la contaminación de recursos naturales y afectar un área mucho más amplia que el propio predio.

La ausencia de una respuesta judicial proporcional a la magnitud de los resultados denunciados genera interrogantes que todavía esperan explicación. ¿Conoció la Justicia Federal local los resultados de los estudios? ¿Se promovió alguna investigación? ¿Se determinaron responsabilidades? ¿Se realizaron nuevos análisis oficiales? Hasta ahora, el conflicto parece haber avanzado mucho más lentamente que el crecimiento del propio basurero.

El problema del basurero municipal de Necochea no puede analizarse como una cuestión administrativa más. Durante años, la ciudad resolvió la disposición de sus residuos mediante un sistema que fue extendiéndose mientras las soluciones estructurales parecían quedar siempre pendientes. El resultado es un predio de dimensiones extraordinarias, con décadas de acumulación de residuos y una controversia ambiental que podría volver a instalarse ahora en la agenda judicial.

La causa que lleva varios años, en definitiva, la historia de un problema que nunca terminó de resolverse porque las soluciones necesarias fueron sistemáticamente postergadas. Los actores involucrados, desde luego, son esquemáticamente imprescindibles para entender la prolongación del problema.