El Gobierno de Javier Milei logró avanzar en el Senado con su proyecto para modificar el régimen de Zona Fría, una reforma que busca eliminar el beneficio generalizado sobre la tarifa de gas para más de 90 distritos de la provincia de Buenos Aires y otras regiones incorporadas al esquema en 2021.
La iniciativa obtuvo dictamen durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles y quedó en condiciones de ser debatida en el recinto.
El proyecto mantiene el esquema de subsidios para las regiones históricamente comprendidas dentro de la Zona Fría, pero propone reemplazar el beneficio general para las localidades incorporadas posteriormente por un sistema de subsidios focalizados según los ingresos y las condiciones de vulnerabilidad de cada hogar.
Durante el debate, la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti, defendió la iniciativa oficial y cuestionó el funcionamiento del actual sistema de subsidios.
La funcionaria sostuvo que no deberían existir subsidios generalizados y planteó que la asistencia estatal debe concentrarse en las familias que realmente tienen dificultades para afrontar el costo de la energía.
Según explicó, el actual régimen se financia mediante un cargo que pagan los usuarios de gas de todo el país.
“No puede haber subsidios generalizados. La ley actual se subsidia con un cargo a todos los usuarios del país”, sostuvo Tettamanti.
La secretaria de Energía afirmó además que el esquema vigente genera una transferencia de recursos que también alcanza a pequeñas y medianas empresas y a usuarios que, según la mirada del Gobierno, no necesitan asistencia estatal.
Uno de los principales cuestionamientos de la funcionaria estuvo dirigido a la ampliación de la Zona Fría aprobada en 2021, que incorporó a localidades de la provincia de Buenos Aires y de otras regiones del país.
Tettamanti sostuvo que esas zonas presentan niveles de consumo de gas considerablemente inferiores a los de la Patagonia.
De acuerdo con los números expuestos durante el debate, el consumo residencial promedio anual en la Patagonia ronda los 4.500 metros cúbicos, mientras que en las zonas incorporadas a la ampliación llega a unos 990 metros cúbicos. En las provincias que actualmente no cuentan con el beneficio, el promedio sería de unos 650 metros cúbicos anuales.
La funcionaria también cuestionó el origen político de la ampliación.
“Fue una ley que buscó tener votos para las elecciones pero no tenía ninguna racionalidad de un esquema que tiene que ser justo y ayudar a las zonas y a las familias que lo necesitan”, afirmó.
El proyecto del Gobierno mantiene el régimen para la denominada Zona Fría original, principalmente vinculada con la Patagonia.
Tettamanti defendió esa diferencia a partir de las condiciones climáticas y del mayor consumo de gas registrado en esa región.
Según explicó, el Gobierno busca mantener el subsidio sobre el consumo de gas en esos territorios debido a que las necesidades energéticas son considerablemente mayores durante los períodos de bajas temperaturas.
La funcionaria sostuvo que en la Patagonia el consumo puede ser hasta cinco veces superior al registrado en otras regiones del país.
La propuesta oficial plantea reemplazar el beneficio generalizado por un sistema de subsidios energéticos focalizados.
De acuerdo con la explicación brindada por Tettamanti, los usuarios vulnerables que ya forman parte del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF Gas) recibirían una mayor cobertura sobre el consumo.
El porcentaje subsidiado pasaría del 75% al 95% del bloque de consumo, según lo planteado por la funcionaria.
Sin embargo, el subsidio dejaría de aplicarse sobre el cargo fijo, que incluye componentes relacionados con la generación y el transporte.
“Les vamos a aumentar un 20% más del bloque del consumo a los usuarios vulnerables. Lo que no van a tener más subsidiado es el cargo fijo”, explicó Tettamanti.
Según la funcionaria, la modificación permitiría reducir el peso del fondo que financia el régimen y, en consecuencia, disminuir el recargo que actualmente se aplica sobre el precio del gas.
El proyecto recibió fuertes cuestionamientos de legisladores de las provincias alcanzadas por la ampliación de la Zona Fría.
El senador de San Luis Fernando Salino, de Justicia Social Federal, advirtió por el impacto que la reforma podría tener sobre los usuarios de su provincia.
“En mi provincia se va a incrementar el 55% el precio de las facturas de gas”, sostuvo durante el debate.
Salino cuestionó además que el nuevo sistema deje en manos del Poder Ejecutivo parte de las decisiones vinculadas con el nivel de los subsidios.
Según planteó, la ampliación de la Zona Fría había establecido un beneficio regional mediante una ley y ahora el Gobierno pretende reemplazarlo por un esquema que podría quedar sujeto a decisiones administrativas.
“Las leyes las hacen los legisladores, no los funcionarios”, advirtió.
Uno de los momentos de mayor tensión durante la exposición se produjo cuando Salino preguntó si el Gobierno tendría facultades para modificar el cargo fijo.
Ante la consulta, los funcionarios nacionales reconocieron que el nuevo esquema permitiría al Ejecutivo modificar ese componente hasta un determinado límite.
El senador puntano también hizo referencia a las condiciones climáticas de su provincia y recordó las bajas temperaturas registradas durante el invierno.
La secretaria de Energía respondió que, más allá de las temperaturas, el nivel de consumo registrado en San Luis es inferior al de la Patagonia.
La senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, señaló que la modificación afectaría a cientos de miles de familias de su provincia.
Según indicó, alrededor de 688 mil familias, equivalentes a unos 2,2 millones de cordobeses, dejarían de recibir el beneficio general de Zona Fría.
La legisladora, de todos modos, planteó la posibilidad de analizar mecanismos de compensación vinculados con los ingresos de los usuarios.
Desde Santa Cruz, el senador José María Carambia también cuestionó el proyecto.
El legislador sostuvo que la eliminación del subsidio sobre determinados componentes de la factura podría terminar elevando el costo del servicio para los usuarios patagónicos.
Tettamanti respondió que la mayor parte del consumo de gas continuará subsidiada y explicó que el cambio estará concentrado en el cargo fijo.
Según la funcionaria, ese componente representa una parte de la factura que, de acuerdo con la categoría del usuario, puede alcanzar entre 20.000 y 30.000 pesos.
Carambia, en cambio, sostuvo que votar el proyecto implicaría acompañar un aumento de las tarifas de gas.
Durante el plenario del Senado también se discutió la situación del sistema eléctrico.
El subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, explicó la situación de las distribuidoras que mantienen deudas con CAMMESA y destacó la necesidad de que las provincias trasladen a los usuarios el costo de la energía.
Sus declaraciones generaron preocupación entre algunos legisladores ante la posibilidad de nuevos aumentos en las facturas de electricidad.
Sanfilippo sostuvo que las distribuidoras deben afrontar el costo de la energía que reciben y que ese valor finalmente forma parte de las facturas que pagan los usuarios.
“Los bienes y servicios todos tienen un costo y ese costo hay que pagarlo de alguna manera”, explicó.
Con el dictamen obtenido en el Senado, el Gobierno quedó un paso más cerca de modificar el régimen de Zona Fría.
La iniciativa ya había obtenido la aprobación de la Cámara de Diputados y ahora deberá ser tratada por el Senado.
El proyecto representa uno de los principales cambios impulsados por la administración de Javier Milei sobre el sistema de subsidios energéticos y, de aprobarse, modificaría el esquema que actualmente beneficia a usuarios de más de 90 distritos bonaerenses y otras provincias.
El eje de la reforma es reemplazar un beneficio general basado en la ubicación geográfica por un sistema en el que el acceso al subsidio dependa principalmente de la situación económica y el nivel de vulnerabilidad de cada usuario.