El juez federal Martín Cormick le otorgó un plazo perentorio de cinco días al Gobierno nacional para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. El magistrado advirtió que aplicará astreintes —sanciones económicas diarias— a los funcionarios si continúa la demora en la ejecución de la norma.
El fallo judicial responde a un pedido presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entidad que denunció el incumplimiento de la medida cautelar que ya se encuentra firme. Cormick rechazó las solicitudes del Poder Ejecutivo para levantar la cautelar, constatando que no existe un acatamiento integral respecto a la mejora de salarios docentes y becas. Desde el CIN valoraron la decisión del juez y remarcaron la urgencia de recomponer los ingresos del sector, advirtiendo sobre un desfasaje acumulado del 35 %.
Debido a la ausencia de acuerdos presupuestarios con el Gobierno nacional, las casas de altos estudios ratificaron el plan de lucha. El cronograma anunciado contempla paros escalonados y la convocatoria a una marcha federal universitaria para el 15 de octubre.