El Gobierno nacional anunció un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas. La acción apunta directamente al proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Por instrucción del presidente Javier Milei, la Cancillería y sus equipos legales activaron el Anexo VII de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.
A través de una intimación formal, el Gobierno exigió a las autoridades británicas detener las actividades en un plazo de dos semanas. De no haber acatamiento, la Argentina solicitará medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para resguardar los derechos soberanos sobre la plataforma continental. La postura oficial se fundamenta en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de la ONU.
En paralelo, el Ejecutivo ordenó denuncias penales e iniciar acciones sancionatorias contra la firma Thales UK Limited por operar vuelos no autorizados entre Malvinas y Punta Arenas. Tras el anuncio, el mandatario afirmó que las islas se defienden con hechos.