El ajuste del Gobierno nacional empieza a generar tensiones puertas adentro. Aunque la gestión de Javier Milei mantiene su objetivo de reducir el tamaño del Estado, funcionarios de distintas áreas advierten que los recortes de personal están complicando las tareas cotidianas de la administración pública.
La preocupación vuelve a tomar fuerza con la puesta en marcha de un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados estatales. La medida busca profundizar la reducción de la plantilla pública, pero no cuenta con el respaldo unánime de todos los sectores del oficialismo.
Desde los primeros despidos masivos de 2024, la postura de algunos funcionarios comenzó a cambiar. Lo que inicialmente se consideraba una medida necesaria para achicar el gasto público ahora genera cuestionamientos por la falta de trabajadores para cubrir las necesidades de distintos organismos.
A ese escenario se suma el deterioro de los salarios estatales, que dificulta la retención de personal capacitado. Una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores resumió el malestar con una frase contundente: “No se le puede exigir a la gente con sueldos de pobreza”.
Los datos del INDEC muestran la magnitud del ajuste. En agosto de 2026, la dotación de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades del Estado descendió a 269.025 trabajadores.
La cifra representa una reducción de más de 74.000 puestos desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la Presidencia.
Pese a ese recorte, el Gobierno busca avanzar con nuevas desvinculaciones mediante un régimen de retiro voluntario aprobado por el Decreto 1203/2026, firmado por Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El funcionario es uno de los principales impulsores de la política de reducción del empleo público. Sin embargo, dentro del propio Gobierno hay quienes temen que nuevas salidas de trabajadores agraven las dificultades operativas de ministerios y organismos.
El régimen alcanza al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado. Además, establece que las dependencias deberán eliminar los cargos presupuestarios de quienes se adhieran una vez concretada su salida.
La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública será la encargada de aplicar el programa y podrá extender el plazo de adhesión, por única vez, hasta un máximo de 30 días corridos.
Con más de 74.000 puestos eliminados desde el inicio de la gestión y nuevas desvinculaciones en marcha, el ajuste abre un nuevo frente de tensión dentro del oficialismo: cómo seguir reduciendo el gasto sin profundizar la falta de personal que ya preocupa a funcionarios de distintas áreas.