La Cámara de Diputados bonaerense aprobó una ley que les permite a los municipios usar hasta el 100% de los fondos destinados al mantenimiento de caminos rurales para hacer obras hidráulicas. La decisión generó un fuerte rechazo de las entidades del campo, que advierten que los caminos ya están muy deteriorados y necesitan más inversión.
La iniciativa se aprobó sobre tablas, sin pasar por comisión, y contó con un amplio respaldo político. Ahora, los intendentes tendrán un plazo de 180 días para destinar esos recursos a trabajos relacionados con el drenaje y el manejo del agua.
La ley habilita a los municipios a utilizar los fondos que reciben del Impuesto Inmobiliario Rural para mantener los caminos y destinarlos, en cambio, a distintas obras hidráulicas.
Entre los trabajos que podrán financiar se encuentran:
Limpieza y dragado de canales.
Obras para facilitar el escurrimiento del agua de lluvia.
Reparación y ampliación de alcantarillas.
Construcción de defensas contra inundaciones.
Compra de equipamiento para trabajos hídricos.
El objetivo es que los distritos tengan más herramientas para enfrentar los problemas que provoca el exceso de agua, especialmente ante la posibilidad de lluvias intensas.
Pero la decisión abrió una fuerte discusión con el sector agropecuario, que cuestiona que se utilice dinero destinado a mantener los caminos rurales para cubrir otras necesidades.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó su rechazo a la nueva ley y recordó que los caminos rurales son fundamentales para sacar la producción, llegar a las escuelas y garantizar el acceso a los servicios de salud.
Desde la entidad advirtieron que quitarles recursos sin garantizar que después serán repuestos puede complicar todavía más el estado de la red vial.
La preocupación pasa por una cuestión concreta: si los caminos ya presentan dificultades para circular, una reducción de los fondos disponibles podría agravar el problema y afectar tanto a los productores como a los vecinos de las zonas rurales.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) también rechazó la iniciativa y fue más dura en sus cuestionamientos.
La entidad consideró que resulta inadmisible quitarles fondos a los caminos rurales cuando muchos se encuentran en condiciones muy malas y necesitan más inversión.
Además, cuestionó a los distintos espacios políticos que permitieron tratar el proyecto sobre tablas, un mecanismo que requiere una mayoría especial.
Desde CARBAP señalaron que la Legislatura bonaerense tuvo poca actividad durante buena parte del año y cuestionaron que, en apenas 15 días, diputados y senadores de distintas fuerzas avanzaran con una medida que afecta recursos destinados a los caminos rurales.
Detrás de esta decisión hay una preocupación que va más allá de la discusión política: las lluvias y el riesgo de inundaciones.
El fenómeno climático conocido como El Niño está asociado a un aumento de las precipitaciones en distintas regiones. En ese escenario, las obras hidráulicas cobran importancia para mejorar el escurrimiento del agua y reducir los daños que pueden provocar las lluvias intensas.
Los municipios necesitan contar con canales limpios, alcantarillas en buenas condiciones y sistemas de drenaje adecuados. El problema es cómo financiar esos trabajos sin dejar de atender el mantenimiento de los caminos rurales.
A la discusión por el destino de los fondos rurales se suma otro conflicto: la ejecución de los recursos del Fondo Hídrico por parte del Gobierno nacional.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, presentó esta semana una denuncia penal contra funcionarios nacionales por la presunta falta de realización de obras financiadas con ese dinero.
Según los números difundidos por su cartera, entre 2024 y 2026 se recaudaron cerca de $403.000 millones para el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica. Sin embargo, se habrían invertido alrededor de $147.000 millones, apenas el 36,7% del total.
Katopodis sostuvo que esos recursos tendrían que haberse destinado a obras para prevenir inundaciones y aseguró que la provincia podría enfrentar una situación complicada durante las próximas semanas y meses.
La nueva ley deja planteado un problema de fondo: cómo responder a la necesidad de obras hidráulicas sin desatender los caminos rurales.
Por un lado, los municipios podrán disponer de recursos para mejorar canales, desagües y alcantarillas. Por el otro, las entidades del campo advierten que esa decisión puede restar dinero a una red vial clave para transportar la producción y garantizar la vida cotidiana en las zonas rurales.
La discusión ahora pasa por cómo se distribuirán esos fondos y qué consecuencias tendrá la medida en cada distrito bonaerense, especialmente en aquellos que deben afrontar problemas de anegamientos y caminos deteriorados.