El oficialismo de Axel Kicillof buscará aprobar este jueves en el Senado provincial la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense. La iniciativa apunta a producir y distribuir medicamentos para reducir costos en el sistema público. En paralelo, el proyecto para integrar el sistema de salud bonaerense quedó postergado por las objeciones de intendentes peronistas.
La Legislatura bonaerense se prepara para una sesión clave para el gobierno de Axel Kicillof. Después de varios meses de negociaciones y escasa actividad parlamentaria, el oficialismo avanzará con uno de sus principales proyectos sanitarios: la creación de una empresa pública de medicamentos.
La iniciativa obtendría media sanción en la Cámara alta, aunque el avance legislativo tendrá un alcance limitado. El otro proyecto central impulsado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, para reorganizar e integrar el sistema sanitario provincial, deberá esperar ante las diferencias que surgieron dentro del propio peronismo.
El proyecto contempla la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.
Según el esquema propuesto, el Estado provincial tendrá el 99% del capital social, mientras que el 1% restante podrá quedar en manos de otros actores públicos o privados.
La nueva estructura tendrá facultades para investigar, desarrollar, fabricar, comprar, comercializar y distribuir medicamentos e insumos destinados al sistema sanitario.
Entre sus posibles actividades también figuran la producción de vacunas, productos médicos, equipamiento, ingredientes farmacéuticos activos e insumos odontológicos.
El objetivo principal es garantizar el abastecimiento de los hospitales provinciales y municipales, reducir la dependencia de los laboratorios privados y evitar los sobreprecios en la adquisición de medicamentos.
Desde el oficialismo sostienen que la producción y compra centralizada de insumos permitirá disminuir los costos del sistema público de salud y mejorar la disponibilidad de productos esenciales.
Pese a las modificaciones introducidas durante el debate legislativo, distintos bloques opositores adelantaron que votarán en contra de la iniciativa.
Unión y Libertad, el PRO, La Libertad Avanza y Hechos – UCR Identidad cuestionaron la creación de una nueva estructura estatal.
Entre los principales argumentos aparecen el posible incremento del gasto público, la ampliación de la burocracia administrativa y la falta de fundamentos suficientes para justificar el funcionamiento de una empresa provincial de medicamentos.
Mientras el proyecto farmacéutico llegará al recinto, la propuesta para integrar el sistema de salud bonaerense (SIPBA) seguirá en discusión.
El ministro Nicolás Kreplak confirmó que la iniciativa también formaba parte de la agenda sanitaria, pero finalmente será girada a la Comisión de Presupuesto del Senado para recibir aportes y analizar modificaciones.
La postergación tuvo un origen particular: las principales objeciones no surgieron de la oposición, sino de sectores del propio peronismo.
El Frente Renovador y el kirchnerismo trasladaron al debate legislativo los reclamos de intendentes que advirtieron sobre las consecuencias económicas y administrativas que podría generar la implementación de la normativa en los municipios.
Uno de los artículos que generó mayor resistencia es el 43, que establece la obligación de los municipios de armonizar los salarios de sus profesionales médicos con las paritarias provinciales.
El problema planteado por los intendentes es que el proyecto fija esa obligación, pero no establece de dónde saldrán los recursos para cubrir la diferencia salarial.
Además, la propuesta contempla que los jefes comunales deban informar al Consejo Regional de Salud (Coresa) y al Congreso Provincial de Salud (Cosapro) cada vez que decidan implementar otras modalidades de contratación de personal o reconocer remuneraciones superiores a las previstas por la normativa.
Para los municipios, estas disposiciones podrían limitar su autonomía para administrar los recursos humanos y definir sus propias políticas salariales.
La distribución de los recursos destinados a salud también forma parte de las diferencias que mantienen los intendentes con el proyecto.
La iniciativa establece que los municipios integrados a la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud tendrán prioridad para acceder a fondos de programas sanitarios provinciales y nacionales.
Sin embargo, los jefes comunales reclaman que la ley incorpore el Coeficiente Único de Distribución (CUD) como criterio para determinar el reparto de esos recursos.
La preocupación radica en que el texto original no define con suficiente precisión cómo se asignarán las partidas presupuestarias entre los distritos.
De esta manera, el gobierno de Kicillof podría conseguir un avance legislativo con la empresa pública de medicamentos, pero deberá continuar negociando con los propios intendentes para destrabar la reforma integral del sistema sanitario bonaerense.